Rebajan la pena a dos de los condenados de La Manada por la 'ley del sí es sí'

Sentenciados por el Tribunal Supremo a cumplir 15 años de prisión por un delito continuado de violación -en un caso que sacudió a la sociedad española, en parte por la primera sentencia en la que un juez calificaba los hechos como «jolgorio»- los conocidos como La Manada de Pamplona llevan siete años y siete meses en un centro penitenciario.

Con más de 1.400 rebajas de pena desde que entró en vigor, la 'Ley de garantía integral de la libertad sexual' sirvió a Prenda y Escudero para solicitar que sus condenas se reduzcan un año, como ya sucedió con otro de los cinco miembros de La Manada de Pamplona, Ángel Boza, nacido en 1991 y con antecedentes penales. Los otros dos agresores, Antonio Guerrero, ex guardia civil en prácticas nacido en 1989, y Alfonso Cabezuelo, no han solicitado aún la disminución de sus penas, aunque uno de ellos, el exmilitar Cabezuelo, nacido en 1988, aseguró en el pasado que no lo haría.

La petición de Boza, el primero que se acogió a lo más favorable para el reo, medida aprobada en la nueva ley, fue concedida por el Tribunal Superior de Navarra y ratificada en julio de 2024 por el Tribunal Supremo, la última instancia que había incrementado la pena de nueve a 15 años, cuando decidió sobre el caso, en 2019. Entonces les atribuyó las agravantes de actuación en grupo y trato vejatorio y reprendió a la Fiscalía por no acusar el hecho como repetidas agresiones sexuales, una por cada penetración bajo intimidación ambiental, en vez de un solo delito.

La rebaja de penas de Prenda, nacido en 1989 y sin oficio conocido, y Escudero, nacido en 1990 y ex peluquero de Triana (Sevilla), la ha aprobado la Audiencia de Navarra siguiendo lo establecido por el máximo tribunal, que es una media de la horquilla posible según el delito. Antes de la publicación de la 'ley del sí es sí' era de 14 años y tres meses a 18 años de prisión. Ahora está entre 13 años y siete meses a los 17 años. Al aprobarse la reducción, les queda algo más de 70 meses de condena.

Después de cinco años sosteniendo la versión de las relaciones grupales consentidas, Prenda reconoció la violación y pidió perdón a la víctima en una carta, fechada en julio de 2021, y remitida desde el Centro penitenciario de Cádiz a la Audiencia de Navarra. Aseguraba un «total arrepentimiento por el delito por el cual cumplo esta condena y mi solicitud personal de perdón a la víctima por los daños causados, los cuales lamento profundamente, y así mismo a sus familiares directos». Escrita a mano, solicita que «este perdón sea comunicado y trasmitido a la víctima y sus familiares» y que constara en su «ejecutoria y expediente penitenciario».

Era en realidad un paso hacia los permisos temporales de salida, que decide el penal y el juez, y que tienen en cuenta el arrepentimiento y la restitución del daño. La carta de «perdón» lo solicitó unos días después de que la Junta de Tratamiento le denegara el permiso para salir del centro penitenciario.