Alerta alimentaria por la venta de un aceite de oliva no apto para el consumo humano

La alerta por aceite adulterado que lanzó la Junta de Extremadura ha tomado un giro aún más preocupante de lo que inicialmente se había informado. 11 marcas se han visto implicadas en un presunto delito contra la salud pública y fraude, lo que ha llevado a las autoridades a tomar medidas drásticas para proteger a los consumidores. En un principio, se pensaba que se trataba de una estafa en la que los productores vendían un aceite de oliva a precio de virgen extra, mezclado con aceites de calidad inferior. Hasta la fecha, la Dirección General de Salud Pública mantiene inmovilizados unos 70.000 litros de aceite.

No obstante, FACUA Extremadura ha emitido un comunicado en el que revela información preocupante sobre las muestras recogidas por los servicios de seguridad alimentaria de la región. Según el organismo, la mayoría de los aceites examinados, los cuales se vendían en garrafas de 5 litros en mercadillos, establecimientos locales y gasolineras tanto en Extremadura como en Andalucía, no eran aptos para el consumo humano.

El equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, ha declarado que las garrafas de aceites intervenidas estaban etiquetadas como «Aceite de Oliva Virgen Extra» (AOVE), pero contenían mezclas de aceite vegetal (semillas oleaginosas) con aceites de oliva refinados (orujo de oliva), conocidas como «aceite lampante». Un producto de peor calidad, con mucha acidez, y un sabor y un olor muy desagradables. De hecho, su nombre proviene de su uso como combustible en las antiguas lámparas de aceite.

Las 11 marcas que se retiraron el pasado mes de marzo son:

- La Esmeralda.

- Vareado.

- Acebuche.

- Virgen del Guadiana.

- Cortijo del Oro.

- La Campiña de Andalucía.

- Galiaceite 2022.

- La Abadía.

- Aromas Villa de Jerez.

- Don Jaén.

- Imperio Andaluz.

Las autoridades han asegurado que los responsables de estas entidades se enfrentan a un delito contra la salud pública y han recordado a los usuarios afectados, que pueden llevar los productos que hayan adquirido y solicitar el reembolso, o la sustitución por un nuevo producto que cumpla con la normativa.

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