El Congreso crea una baja especial para donantes vivos de órganos o médula

La Comisión de Trabajo, con competencia legislativa plena, aprobó, con la única oposición de PP y Vox, una proposición de ley del PSOE que busca que este gesto de altruismo absoluto, que muchas veces permite salvar la vida de un familiar o allegado, no suponga coste laboral o económico alguno para quien lo realiza, situación que la legislación actual no garantiza.

Es una reforma reclamada desde hace años por las asociaciones de pacientes y por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), por entender que muchos de estos ciudadanos sufren perjuicios y quebraderos de cabeza en su puesto de trabajo y en su vida como consecuencia de su generosidad.

La reforma legal, a la que le resta ser ratificada por el Senado antes de llegar al BOE, garantiza que cualquier persona cobrará el 100% de su salario todos los días que tenga que ausentarse de su puesto de trabajo para realizar la donación (desde la primera gestión hasta el último día de su recuperación) y que ninguna de estas ausencias podrá acarrearle un perjuicio laboral y mucho menos el despido.

La ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE, el tiempo que los legisladores estiman necesario para que la Seguridad Social y los ministerios se preparen para su aplicación. Si la tramitación del Senado es rápida, como todo apunta a ello, la medida podría estar en vigor con la llegada de la próxima primavera. Las nuevas prestaciones no solo buscan evitar daños y dar seguridad al donante vivo sino que aspiran a fomentar esta clase de cesiones de órganos, células madre y tejidos, que en España posibilitan cada año cerca de 1.000 trasplantes e injertos.

La norma prevé dos reformas. La primera da cobertura legal y económica a todas las ausencias laborales que sean necesarias para realizar la fase inicial de la donación, los preparativos. El Estatuto de los Trabajadores y el del Empleado Público recogerán un permiso retribuido y obligado que abarcará todas las ausencias (horas o jornadas) precisas para recibir información sobre la donación y sus consecuencias, realizar los informes y exámenes médicos para conocer la idoneidad y compatibilidad como donante y para materializar el consentimiento «expreso, libre y consciente» ante el juez.

La segunda reforma modifica las leyes que regulan los distintos regímenes de la Seguridad Social para crear una nueva situación especial de incapacidad temporal para que el donante vivo cubra toda la convalecencia, desde la preparación médica para la extracción del tejido, médula u órgano (o fragmento, en el caso del hígado) hasta que esté recuperado de la cirugía o el procedimiento clínico necesario y reciba el alta. Esta baja médica, se específica, no precisará período mínimo de cotización alguno para poder aplicarse, cubrirá el 100% del salario desde el primer día al último y abonará tanto los días de incapacidad ininterrumpidos como los de carácter discontinuo.

La reforma es necesaria porque la legislación vigente lo más que garantiza a los españoles que realizan este tipo de donaciones es una baja médica ordinaria desde el ingreso para la cirugía o la extracción hasta el alta, con la posible pérdida de los primeros días de sueldo y sin cobertura legal ni económica ni protección contra despidos por las muchas ausencias laborales a que le obligarán estos preliminares médicos, legales y administrativos.