El Gobierno admite que aún desconoce la causa de 15.000 muertes en la pandemia

madrid. El Gobierno arrojó ayer un poco de luz sobre una de las grandes incógnitas de la pandemia, pero no consiguió resolver todas las dudas. El número de fallecidos por coronavirus en España desde el inicio de la crisis, confirmados con una prueba PCR, es de 28.315, 1.179 más que el último dato oficial, desveló ayer el responsable de Emergencias, Fernando Simón, después de doce días en que no se han actualizado las cifras. Pero Simón reconoció que existe un exceso de mortalidad que estimó en «entre 12.000 y 13.000 personas» (la mayoría de las fuentes oficiales que lo miden hablan de 15.000) y que muchos de ellos han podido fallecer también por el Covid-19, de manera que el número oficial que ofreció el Gobierno sigue siendo muy inferior al real.

Desde hace tres semanas, Sanidad no había renovado los datos de fallecidos, un desfase que achacaba al cambio en el sistema de notificación que debían llevar a cabo las comunidades autónomas. La cifra permaneció se ancló definitivamente en los 27.136 el 7 de junio, aunque las tablas no cuadraban porque las comunidades trasladaban una cifra mayor.

Los 28.315 fallecidos recogidos ayer por Sanidad continúan representando una volumen muy alejado de los 43.000 decesos de exceso de mortalidad en los meses de pandemia que registran el Instituto Carlos III en su Informe sobre Mortalidad y el Instituto Nacional de Estadística o de los 40.000 que resultan de sumar los globales de las comunidades autónomas.

Ayer, en la ocasión en la que con más claridad se ha referido a este desajuste, Simón reconoció que el número real de fallecidos sólo se conocerá «dentro de unos meses», cuando se hayan validado los certificados de defunción que se expidieron durante los peores días del coronavirus. Gran parte del desfase puede encontrarse en las residencias de ancianos. Según fuentes del ministerio, el proceso que llevará a separar a los fallecidos por Covid-19 de los que lo han hecho por otras causas puede prolongarse hasta finales de 2020.

En cualquier caso, el responsable de Emergencias defendió que la contabilidad parcial que notifica el ministerio es «realista» pese a no seguir con fidelidad los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece que se contabilicen no sólo los casos confirmados con pruebas PCR, sino también aquellos sospechosos, criterios que sí siguen algunas comunidades.«Intención de ocultar muertos no ha habido nunca, en ningún momento. Sí que ha podido haber errores», admitió el epidemiólogo. Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, negó que el Gobierno haya rebajado los datos de fallecidos para «blanquear» su gestión de la crisis. «Hemos seguido el criterio de la ciencia y de los expertos, siempre con transparencia», zanjó.

Illa informó de que ahora hay abiertos nueve brotes que afectan a 92 personas, pero que están «bajo control», y que desde el 11 de mayo se han producido 34 brotes que han afectado a 982 personas. Además, anunció que se reforzarán los sistemas de control en los aeropuertos con más personal sanitario y que los turistas pasarán un triple control: visual, de temperatura y rellenarán un certificado.

Defensa de los protocolos

Diez sociedades médicas, entre ellas la que agrupa a los geriatras, han difundido un comunicado conjunto en el que defienden su labor en la priorización de la asistencia a pacientes con coronavirus. Los colectivos afirman que siempre han manejado «criterios éticos y clínicos» y que se ha actuado en cada momento con la evidencia científica disponible. Esto supone un velado respaldo a los protocolos aprobados por los gobiernos de diferentes comunidades para gestionar la crisis sociosanitaria de las residencias de ancianos, la zona cero de la pandemia.