MELCHOR SÁIZ PARDO
MADRID
Viernes, 15 de enero 2021, 20:34
Continúa el aluvión de medidas de las autonomías para tratar de atajar la tercera ola. Y una de las últimas restricciones decretadas este viernes fue muy polémica. Castilla y León ordenó la perimetración de todas sus provincias, prohibió también las reuniones de más de cuatro personas e impuso -y ahí surgió la polémica- el toque de queda a las 20:00 horas. Una decisión que provocó serias dudas jurídicas, ya que el actual estado de alarma, aprobado el 25 de octubre, fija que las autonomías solo pueden establecer el toque de queda entre las 22:00 y las 24:00 horas, aunque la prórroga del 4 de noviembre dejó abierta la posibilidad a que las autonomías «flexibilizaran» la interpretación de varios artículos, sin mayores especificaciones.
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La Junta señala que para sus servicios jurídicos el horario nocturno empieza «después del ocaso» y, en base a este argumento, se adelanta a las 20.00 horas el toque de queda, lo que supone la prohibición de estar en la calle a partir de esta hora salvo excepciones reguladas en el Estado de Alarma entre las que se encuentra la actividad docente.
La interpretación de los servicios jurídicos del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco fue inmediatamente rechazada por Sanidad, que insistió en que el toque de queda no puede adelantarse de las 22:00 horas. Según los servicios jurídicos del Estado central, no cabe, como hizo este viernes Castilla y León, una interpretación restrictiva del estado de alarma para limitar derechos tan fundamentales como el derecho a la deambulación.
La Comunidad de Madrid, hasta ahora muy reacia a limitar la actividad económica y social, anunció el adelanto de una hora el toque de queda, que pasó de las 24:00 a las 23.00 horas, y el anticipo del cierre de los bares a las 22.00 horas, y no a medianoche como hasta ahora.
Además, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ordenó ampliar el cierre perimetral a 43 zonas básicas de 19 municipios diferentes de la comunidad (que engloban a 1.367.000 madrileños).
El Gobierno de Aragón, por su parte, acordó el confinamiento perimetral de nueve núcleos de la región, entre ellas las tres capitales de provincia. Además de Zaragoza, Huesca y Teruel no podrá abandonar sus municipios los vecinos de Alcañiz, Calatayud, Cuarte de Huerva, Ejea de los Caballeros, Tarazona y Utebo. Se trata todos ellos de los municipios de más de 10.000 habitantes, cuya tasa a siete días se sitúa en 329 casos por 100.000 habitantes.
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En Baleares se ha tomado un decisión inédita. El Ejecutivo insular decidió perimetrar la isla de Formentera (que tiene una de las incidencia más bajas del país con 'solo' 180 casos) para tratar de salvaguardarla de contagios de la vecina Ibiza.
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