Indemnizados con 350.000 euros por la muerte de sus gemelas por negligencia médica

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en una sentencia reciente, considera probado que fue una intervención médica practicada a la embarazada sin las más mínimas garantías higiénicas exigibles, lo que provocó una infección fetal que obligo a practicarse a la embarazada un parto de urgencia, infección de origen hospitalario que desencadenó los fallecimientos de ambas niñas en horas.

La Sala de lo Contencioso acepta los términos del recurso interpuesto en nombre de la familia por el letrado José Antonio Betes, colaborador de la asociación El Defensor del Paciente, y además de la indemnización y los intereses obliga a la administración sanitaria autonómica a hacerse cargo del pago de las costas generadas por la impugnación de los padres ante el juzgado de primera instancia.

El drama comienza el 27 de agosto de 2018, cuando la embarazada, entonces de 32 años y con una gestación de 25 semanas, ingresa en el citado hospital para que se le realizase un control por tener su embarazo múltiple de alto riesgo, en el que, sin embargo, se determina que las dos niñas estaban bien.

El 4 de septiembre los médicos descubren un peligroso aumento del líquido amniótico, por lo que la llevan a un cuarto de descanso de parturientas y allí le extraen dos litros de líquido sobrante. Cuatro días después, se detecta lo que parece una grave infección en la membrana placentaria y en el líquido amniótico, por lo que se la somete a un alumbramiento de urgencia del que nacen dos niñas, una de un kilo y otra de 1,2 kilos. Ambas mueren en menos de 24 horas como consecuencia de sendos 'shock' sépticos causados por los patógenos infecciosos.

El tribunal no tiene duda alguna que están ante una muerte negligente causada por una 'mala praxis' médica. Tiene claro que las infecciones mortales fueron contraídas en los doce días que la embarazada permaneció ingresada hasta el parto y que tienen su origen en la utilización para la extracción del líquido amniótico de un habitáculo indigno de la situación, «que no es quirófano ni espacio homologable», que no cumple con los protocolos de esterilización y asepsia exigibles y donde se realizó además una intervención para la que los especialistas no contaron con el consentimiento informado de la paciente ni de su marido pese a los evidentes riesgos del procedimiento.