La ministra de Sanidad ofrece una solución a los funcionarios si quedan excluidos del Muface

La solución definitiva sobre la asistencia sanitaria a los funcionarios mutualistas de Muface entra en su recta final y se mantiene la incertidumbre sobre lo que pasará finalmente. El Gobierno, con el objetivo de solventar la complicada situación en la que se encuentra, ha decidido ampliar hasta el 27 de enero el plazo que expiraba el día 15 para que para que las aseguradoras se presenten a la licitación para prestar asistencia sanitaria, pero de momento todo sigue en el aire.

Adeslas ha confirmado ya que no se presentará a la nueva licitación, puesto así se lo ha comunicado la propia empresa a sus asegurados, pero Asisa y DKV (que inicialmente había renunciado) ven la nueva licitación con mejores ojos y reconocen que hay más posibilidades de continuar con este servicio sanitario a los funcionarios.

La ministra de Sanidad, Mónica García, después de arremeter contra la aseguradoras al subrayar que estas «están haciendo números y han decidido que los asegurados no son rentables porque se han hecho mayores», ha reiterado en una entrevista en RNE que »el Gobierno no va a dejar abandonados a los pacientes« y ha defendido que »la sanidad pública siempre va a estar ahí«, garantizando una salida en el caso de que las aseguradores rechacen el contrato que les han ofrecido. »El Sistema Nacional de Salud recibirá con los brazos abiertos a aquellas personas que pierdan la asistencia si no se alcanza un acuerdo«, ha ofrecido como solución.

El nuevo concierto de Muface, que cubrirá los años 2025, 2026 y 2027, subirá la prima un 33,5% para el periodo de tres años, pasando de 1.032,12 euros en la actualidad a 1.262,28 en 2027.

La ministra de Sanidad ha negado que el 2 por ciento de los mutualistas vayan a «eclosionar» el Sistema Nacional de Salud. «Las comunidades que tienen unas listas de espera de 9 meses, esas listas de espera van a seguir siendo de 9 meses, no porque te venga un 2% de la población vas a tener más lista de espera», ha aclarado.

«El Ministerio de Función Pública está haciendo todos los esfuerzos para que no queden abandonados», ha añadido García, que considera que en su opinión el debate debería estar «cuándo se hace el traspaso de los mutualistas al sistema sanitario». Es más, ha señalado que «la Atención Primaria podría beneficiar a muchos de esos pacientes mayores, pluripatológicos y crónicos a los que las aseguradoras no quieren atender».

García cree que «básicamente es legítimo« que las aseguradoras »quieran hacer negocio«, aunque ha dejado caer que »no sé si eso es judicializable, ¿no? Son libres de presentarse a un concurso o no las aseguradoras«.

La ministra ha destacado el esfuerzo que está realizando el Gobierno con la nueva propuesta con una cifra económica histórica que puede obligar a Asisa -si Adeslas y DKV no entran- a valorar si es capaz de asumir en solitario un volumen de 700.000 mutualistas más, lo que implicaría prácticamente triplicar su actual cartera.

La Fundación IDIS -ligada al sector privado- ha emitido varios informes en los que advierte que, en su estado actual, el SNS no puede aceptar a esos empleados públicos como pacientes sin comprometer su sostenibilidad y calidad, estimando además un coste extra para el Estado de unos 1.000 millones de euros al año por el servicio. Sanidad reconoce que, para hacerlo, el sistema público requiere de «reformas» de cierto calado. Pero deja claro que «no eclosionará».

Esta es la postura que ya reivindicó en un reciente informe, elaborado por el propio ministerio, en el que aseguraba que la sanidad pública ya se hace cargo de buena parte de los pacientes más complejos por la llamada «selección de riesgos». Es decir, de aquellos que las aseguradoras tienden a derivar a la pública por ser casos más graves y, por tanto, más costosos para ellas.

Por otra parte, el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado «a favor del modelo Muface», porque «en este momento la sanidad pública, con la ausencia de médicos, de atención primaria, de urgencias y con algunas especialidades, no puede asumir un millón de ciudadanos más». «No tenemos capacidad instalada en el sector público para asumir esos pacientes. Por tanto, sí estamos de acuerdo en mantener el modelo», ha reafirmado.

Feijóo ha expuesto que es un modelo que genera una cierta competencia en el sector y del que dependen un millón de funcionarios, agregando que cuando el sistema no tiene recursos para atender, genera una larga lista de espera: «El no atender a un ciudadano es la privatización real de la sanidad».

Ha hecho además hincapié en que en el Gobierno hay división entre la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, que «quiere acabar con el modelo», y el PSOE, que lo «quiere mantener».

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