Simón habla abiertamente sobre el estado de alarma: «Es una opción que no ha dejado de estar desde el mismo día en que se derogó»

«El estado de alarma es una opción que no ha dejado de estar desde el mismo día en que se derogó». Son palabras de este mismo lunes 3 de agosto de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

Simón informó de que, pese a la fase ascendente de casos en una docena de comunidades y 560 brotes abiertos, la mayoría asociados al ocio nocturno, «no estamos en una situación grave», aunque se sigue con «muchísima atención» ese incremento de casos, por si hubiera que tomar «medidas más importantes».

Fernando Simón descartó volver al estado de alarma de forma «inminente», aunque ha admitido que «es una opción que no ha dejado de estar desde el mismo día en que se derogó».

En realidad, ya se están aplicando en algunas regiones algunas de la medidas más drásticas del estado de alarma, como el confinamiento obligatorio decretado en varias zonas de Cataluña y Aragón.

El incesante repunte de brotes de la Covid-19, que se extiende por todas las comunidades, ha obligado a confinar desde el pasado domingo y durante 14 días a los 10.000 vecinos de las localidades de Íscar y Pedrajas de San Esteban, en Valladolid, que no podrán abandonar estas localidades sin motivos justificados. O a los 32.000 vecinos de Aranda de Duero.

La preocupación por la evolución de la pandemia crece y más cuando el Gobierno Vasco alerta ya abiertamente de una segunda oleada del virus en su autonomía. La intensidad «es similar a la que tuvo en marzo» y puede generar «una enfermedad de alta gravedad; puede provocar la muerte y crear secuelas permanentes como fibrosis pulmonar», han alertado.

El Gobierno ha decidido reforzar la estructura del Ministerio de Sanidad con la creación de una Secretaría de Estado, de cara al control de posibles rebrotes de la Covid-19, así como ante la aparición de nuevas enfermedades de potencial pandémico.

El Gobierno podría plantear una cuarentena en todo el territorio nacional de forma generalizada o una más restringida por zonas -algo similar a lo que se ha hecho ya con orden judicial-. Ningún ciudadano podría desplazarse libremente por el país de no contar con un certificado que lo justifique por razones laborales, de salud o de una emergencia. Según la ley, se podría «limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos».

-El Ejecutivo puede requisar bienes temporalmente, imponer prestaciones personales obligatorias y ocupar industrias y explotaciones, talleres o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados. La ley regula el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados por los daños o perjuicios por actos que no les sean imputables a consecuencia de las decisiones que se adopten en el marco de esta medida excepcional.

-La ley orgánica 4/81 faculta también al Ejecutivo para obligar a médicos o enfermeras que prestan sus servicios en la sanidad privada a aportar su trabajo a lo que dicte la autoridad. La normativa otorga potestad también a Sánchez y sus ministros para incautar material sanitario o instalaciones hospitalarias si fuese necesario.

-Una vez establecida la alarma, todas las autoridades civiles de la Administración, incluidos los cuerpos policiales, quedan bajo las órdenes directas del Gobierno.

-Bajo este estado, el Ejecutivo puede además limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad así como dar las órdenes oportunas para asegurar el abastecimiento. La ley quiere impedir que con el aislamiento se produzca un desabastecimiento de los mercados que provoque aún más incertidumbre entre los ciudadanos.

-El estado de alarma se puede aplicar directamente por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros en el que debe quedar fijado el ámbito geográfico de aplicación, los efectos y la duración, que no podrá exceder de quince días. No obstante, la ley contempla la posibilidad de prórrogas con autorización expresa del Congreso.