Los secretos de los exámenes de oposiciones: de quién los pone a dónde se guardan

La Conselleria de Justicia, organizadora de los procesos de selección, nombra meses antes a un Órgano Técnico de Selección (OTS), también llamado tribunal, como responsable de cada convocatoria. Lo hace con un mínimo de 10 funcionarios de carrera, 5 titulares y 5 suplentes, por si hay contratiempos, y en base a varias características. Primero, según el principio de especialización (que sepan de la materia que se va a evaluar) y segundo, teniendo en cuenta la paridad. Todos los funcionarios de carrera son susceptibles de ser elegidos y ese trabajo extra está remunerado. El tribunal tiene un presidente, un secretario y tres vocales. Desde principios de febrero, el presidente de ese tribunal y el secretario cobran 90 euros po día y 78,50 euros los vocales. El personal que ayuda con el soporte técnico percibe 75 euros y quienes colaboran el día del examen, en las aulas, tienen una remuneración de entre 50 y 70 euros por día.

Una vez elegidos estos miembros, sus nombres y puestos se publican en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) por si existen causas de abstención (a petición propia, porque tengan relación directa con un opositor) o de recusación (los recusa un tercero, que demuestra enemistad entre ambos). La Generalitat forma a sus funcionarios para que aprendan a poner preguntas de examen tipo test y evitar recursos por mala redacción o preguntas dudosas.

Los miembros del tribunal son los encargados de hacer las preguntas de los exámenes. Se dividen el temario y se reparten las preguntas. Cada uno de ellos escribe cada pregunta en una hoja distinta. En esa hoja debe estar la pregunta, las posibles respuestas, la solución y la fundamentación de la respuesta. Se debe entregar al presidente y al secretario, tanto en formato físico como en un pen drive que se copia a sus ordenadores. Las fugas de información están reguladas por un estricto régimen disciplinario que puede suponer la separación del servicio y la pérdida de la condición de funcionario. El presidente configura el examen final y lo deja listo en su ordenador.

Con el examen redactado, el presidente del tribunal se convierte en el custodio de las preguntas. Conla prueba puesta, se lleva a traducción para que las personas que hayan solicitado hacerlo en valenciano puedan disponer de él, porque se puede opositar en las dos lenguas oficiales de la Comunitat. Las traducciones están regladas y dependen de funcionarios del servicio de Política lingüística, dentro del organigrama de la Conselleria de Educación. Los encargados de la traducción también tienen vigente un compromiso de confidencialidad para garantizar que las preguntas no se filtran.

Con las dos versiones del examen, una en castellano y otra en valenciano ya finalizadas y revisadas, el tribunal al completo se dirige a la imprenta. La Generalitat licita anualmente este servicio. En este ejercicio, por ejemplo, el coste de impresión está presupuestado en 120.000 euros al año. La imprenta que logra el contrato firma un compromiso de confidencialidad en el acuerdo, que también recoge que la impresión se debe hacer con la menor distancia posible al día del examen. Habitualmente, los viernes, 24 horas antes de las pruebas.

El presidente entrega la versión digital del test a la imprenta, que mediante un programa, lo maqueta en el formato definitivo. El tribunal al completo debe estar presente en el proceso técnico para comprobar que no hay errores. Si existe un fallo de impresión (se mancha una página, sale incompleta..), se retira ese folio y se pone en una caja de material sobrante que se precinta y se lleva el tribunal.

De la imprenta salen impresas todas las pruebas, las hojas de respuestas y los cuadernillos que se usarán en el día del examen. Se introducen en cajas con etiquetas. Una caja para cada aula, de todas las que celebrarán la prueba (Alicante, Valencia y Castellón).De la imprenta, salen en furgonetas hacia el cuarto de exámenes, donde la la Generalitat los custodia.

La Conselleria de Justicia cuenta con un cuarto de exámenes con unas medidas de seguridad muy estrictas, en uno de sus edificios. Sólo una funcionaria, la jefa de selección tiene la llave del cuarto. La habitación, además, está videovigilada en su interior (24 horas de imágenes, que se guardan durante dos meses en un servidor) y cuenta con un registro de entradas. En el interior, visitado por LAS PROVINCIAS, la sala tiene taquillas cerradas para custodiar los exámenes. La llave de cada taquilla sólo la tiene el presidente del tribunal de la prueba que hay dentro. Además de los exámenes, se custodia la hoja de respuestas correctas. Ahí se guardan las pruebas que, el sábado por la mañana, día de la prueba saldrán a las aulas. Si las oposiciones son masivas (más de 15.000 personas) se custodian en un cuarto de seguridad de una empresa de seguridad de mayor tamaño y se precinta.

Cada sábado, a las 6 de la mañana, tres furgonetas recogen las pruebas para distribuirlas por las tres provincias. La primera en salir es la de Alicante. Cada aula tiene una caja con el número de exámenes de los aspirantes que se presentan. Toda la distribución se hace minutos antes de que arranque el examen, a las 10 de la mañana.

El tribunal constituye un aula de incidencias por cada oposición, independientemente del número de aulas en las que se desarrolle la prueba. Ahí se reúne el tribunal hasta que finaliza el examen y desde ahí resuelven cualquier incidencia que se pueda producir durante la jornada. Al final del día deben redactar el acta con las incidencias, el número de presentados y las renuncias y velar por que las respuestas y las solapas (anonimizadas) se guarden en cajas que se precintan y se llevan, en ese mismo momento, al cuarto de exámenes, donde se vuelven a dejar en la taquilla.

Ya en el cuarto de exámenes, las pruebas se custodian durante los días que dure el periodo de alegaciones, por si hay reclamaciones. Allí mismo se corrigen, mediante una máquina que es similar a una impresora. Se meten las hojas de respuesta, se corrigen y se les asigna un código. Después se introducen las solapas (donde está la información anonimizada del estudiante) y se cruzan los datos. De ahí se ponen las calificaciones.

Las notas se hacen públicas en la web de la Generalitat. El tribunal queda libre tras resolver las alegaciones del proceso. Una vez finalizado, la consellera de Justicia publica el listado definitivo de funcionarios.

La Generalitat custodia todos los documentos en sus almacenes de Riba-roja, donde están durante años por si en algún momento se judicializa alguna de las pruebas. Si se judicializan se hace en el TSJ o incluso en el Supremo, por lo que los plazos son muy largos y se necesita custodiarlos.

La Generalitat tiene absolutamente regulado el protocolo a seguir durante una prueba de oposición. Desde las personas que pueden estar dentro, el tiempo en el que se puede abandonar el examen o qué tipo de bolígrafos se pueden usar. Por explicarlo en orden cronológico, los aspirantes están citados a una hora exacta en la dirección de la prueba. En la entrada del edificio habrá carteles con los apellidos de los aspirantes a los que corresponde examinarse en cada aula. En la puerta de acceso de cada clase, además, estará la lista completa de personas aspirantes con su DNI anonimizado.

Uno de los técnicos de la oposición irá llamando en voz alta a los opositores, por orden de apellido. En ese momento, comprobará la identidad de la personas mediante la presentación de carnet de conducir, DNI, pasaporte o NIE, todos ellos originales. Es muy importante que no estén caducados en el momento de acceso, sin roturas o tachaduras. Una vez comprobado, se marcará en el listado que ha asistido.

Ya en el interior del aula, el aspirante se volverá a identificar ante alguna de las personas que cuida la prueba, que volverá a comprobar sus datos y que está en el listado de asistentes en ese aula concreta. Una vez estén ubicados todos los estudiantes, se contará que el número de personas coincida con el del listado, porque una vez iniciada la prueba no se permitirá la entrada en el aula.

Una vez hecho el recuento, el personal de la sala informará en voz alta de una serie de normas. Los teléfonos móviles deben estar apagados, así como cualquier otro dispositivo electrónico como una tableta o reloj inteligente. Los objetos personales no permitidos se depositan en lugares habilitados para ello. En ese momento, se leen las instrucciones de la prueba y cómo contestar a las preguntas, además del tiempo que durará el examen. Media hora antes del final, se avisa de que queda ese tiempo y a falta de diez minutos, se hace la última advertencia. Los ejercicios sólo se pueden realizar en las hojas oficiales de exámenes facilitadas por la organización y sólo se pueden rellenar con boli azul.

Pues muy sencillo. Si un opositor no quiere hacer la prueba deberá comunicarlo dentro de los primeros quince minutos de prueba y una persona de la organización recogerá el cuadernillo y le escribirá la palabra renuncia en diagonal. Salvo en esos primeros quince minutos, cualquier otra salida deberá ser autorizada por el personal colaborador. Si una persona tuviera que abandonar el aula por urgencia, por ejemplo, para ir al baño, una persona de la organización lo acompañará. Ese tiempo no se suma a la prueba, sino que se descuenta.

Como curiosidad, si una personas se pone enferma antes del examen o es ingresada en un hospital, el opositor valora si acudir o no a la prueba, pero no hay un protocolo diferente al del resto de aspirantes. Sólo en el caso de que el ingreso sea para dar a luz, en cuyo caso, un equipo se desplazaría a la maternidad, si la mujer así lo solicita, para efectuar su examen.