Valencia - Madrid, 14 euros: el posible coste de usar una carretera gratuita a partir de 2024

«Quien contamina paga» y «el que usa paga». Estos son los principios que empleará el Gobierno de España para implementar el sistema de pago en las autopistas, autovías y el resto de carreteras, según consta en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas. El pago se empezará a implementar a partir de 2024, ya que el Gobierno entiende que se necesitan varios años para ajustar la normativa y preparar los dispositivos de pago.

El líder de Compromís Joan Baldoví ya clamó contra esta medida unos días antes del envío del Plan a Bruselas argumentando que estas infraestructuras están ya «pagadas, repagadas y recontrapagadas«, y preguntó a cuánto cobrará el kilómetro por el uso de estas vías y si la gestión será pública «o se va a dar nuevamente a esas empresas que durante años y años han estado cobrando».

Y nada más conocerse la medida ya han empezado a surgir los primeros cálculos. Desde la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) defienden que un peaje de entre 3 y 5 céntimos de media sería suficiente para acabar con el déficit de 8.000 millones que ya acumula la conservación de las carreteras. La implantación de un peaje medio en España de 4 céntimos por kilómetro supondría un pago de 9 euros para ir desde Madrid a Burgos, de 12 euros para viajar entre la capital y Zaragoza, de unos 14 euros para ir de Madrid hasta Valencia, 15 a Córdoba, 16 euros a Badajoz o 22 euros a La Coruña.

El Gobierno aún no ha desvelado qué planes tiene previsto en relación con las tarifas, ni siquiera el método de pago o de aplicación de las tasas o impuestos por el uso de las carreteras.

El Gobierno se escuda en varios argumentos para justificar esta medida, siendo la minorización de las emisiones de gases de efecto invernadero, el impacto de la carretera sobre el medio ambiente y la eficiencia del transporte algunos de ellos.

Sin embargo, la principal razón es el abultado déficit que arrastra la conservación de las carreteras. «Con una red estatal que supera los 26.466 kilómetros de extensión, de los que unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad, lo que hace que tengamos la más extensa de Europa, los costes de conservación son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios», señala el texto.

En primer lugar el Ejecutivo prevé llevar a cabo una campaña de «concienciación y sensibilización» sobre los transportistas y la población en cuanto a la necesidad de ejecutar esta medida.

Basándose en la experiencia internacional, el Ejecutivo cree que el tiempo mínimo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar un sistema de pago por uso a nivel nacional es de entre dos y tres años.

El Gobierno insiste en que buscará el acuerdo social y político para implementar esta medida, consultando con los transportistas profesionales, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones para determinar la voluntad de todos de incorporar peajes en las carreteras bajo su titularidad.

Respecto a los camiones y resto de vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, el texto aclara que se impulsarán desde la Administración las condiciones normativas necesarias para que el coste del peaje sea asumido por los cargadores, incentivando así la búsqueda de la sostenibilidad y eficiencia del transporte.

El Gobierno también aclara que el sistema podría ser «escalable y progresivo», es decir, que se cobre inicialmente solo en la red de alta capacidad (autovías) y que se extienda de forma progresiva a otras redes, abriendo la puerta así a que cualquier carretera pueda ser de peaje.

Esta progresividad en la aplicación de la medida responde al esperado rechazo que causará en la población. Por ello, defiende que se determinarán tarifas «asumibles pero que garanticen la financiación«.

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Se da la circunstancia de que España, lejos de introducir peajes, ha evitado renovar las concesiones que llegaban a su fin, lo que ha permitido liberar de peajes varias autopistas que ahora son gratuitas. Además de en Portugal, en Francia e Italia prima el pago por uso, mientras que en Alemania todas las autopistas son gratuitas.

Tras la directrices apuntadas por Europa, Portugal introdujo peajes en toda su red de alta capacidad, no solo para vehículos pesados, como requería Bruselas, sino en todos ellos, incluidos los ligeros, es decir, a todos los ciudadanos.