Varapalo del Supremo a las ITV por las nuevas fechas fijadas tras el Estado de alarma por el coronavirus

El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente la norma que establecía que el plazo de validez de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) se contabilizaba a partir de la inspección realizada, descontando el periodo de prórroga que se concedió por el estado de alarma debido a la pandemia del coronavirus.

La norma suspendida ampliaba de modo escalonado la prorroga automática que ya se había estipulado en una normativa anterior para los certificados de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) hasta los treinta días naturales posteriores a la finalización del estado de alarma.

De este modo, aunque se retrasara incluso meses la ITV por el cierre de las estaciones por el estado de alarma, la fecha de realización que constaría debía ser la que hubiera correspondido en ausencia de pandemia.

Para el alto tribunal, en el presente caso «están en conflicto no un interés público frente a un interés privado, sino sólo intereses privados enfrentados: las concesiones de ITV y los titulares de vehículos«.

El Supremo atiende así la petición de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER), que argumentaba que la medida causaba no sólo un perjuicio económico -pagar dos veces la tasa con apenas días de diferencia-, sino también la pérdida de productividad por tener que acudir dos veces seguidas.

Además, fuera cual fuera el día en que el vehículo pasara la revisión en la estación ITV, añade la sala de lo contencioso, no se consignará como fecha de la próxima revisión la que le corresponda a partir de dicha fecha de realización de la revisión, sino la que originalmente le correspondía.

Todo ello, aducía Fenadismer, sin que existiera ninguna razón que lo justificara.

En su auto, el Supremo destaca que su criterio coincide con el ya expuesto por el Defensor del Pueblo, porque «al descontar el periodo de prórroga está acortando (la Administración) el periodo de manera artificial la duración de las ITV, produciendo el efecto de obligar a los particulares a realizar la siguiente operación antes de lo previsto».

Aunque ve «loable« la pretensión de asegurar la supervivencia económica de las estaciones de ITV, que como otros sectores se ha visto afectado por la menor actividad fruto de la crisis sanitaria, entiende que dicho objetivo puede alcanzarse »por otras vías, sin imponer cargas a los particulares«.

El pasado 21 de julio, el alto tribunal admitió a trámite un recurso interpuesto por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) contra dicha normativa.

El Defensor ha aplaudido que el Supremo haya resaltado en su auto que su criterio coincide con el suyo, ya que «al descontar el periodo de prórroga está acortando (la Administración) el periodo de manera artificial la duración de las ITV, produciendo el efecto de obligar a los particulares a realizar la siguiente operación antes de lo previsto«.

Según ha recordado la institución, durante el estado de alarma, tras el cierre de las estaciones ITV, la Administración estableció una prórroga para la validez de los certificados. Restablecido el servicio, determinó que al plazo de validez de las inspecciones se le descontaría el período de prórroga.

El Defensor recibió entonces quejas de asociaciones y particulares que manifestaban su disconformidad con estas condiciones, ya que con ellas muchos vehículos tenían que realizar dos inspecciones seguidas en un corto periodo de tiempo con los costes y cargas que ello supondría para sus propietarios.

En su recomendación, Fernández Marugán recordaba que el objetivo general de la ITV es asegurar que los vehículos estén en buenas condiciones de uso desde el punto de vista de la seguridad y el medio ambiente y no observaba razones imperiosas de interés general que justificasen el recorte de la vida legal de las ITV.

A su juicio, descontar el periodo de prórroga «acortaba de manera artificial la duración de las ITV« y obligaba a los particulares a realizar la siguiente inspección antes de lo previsto. Así, apuntaba que en los casos más extremos (como el de los vehículos sujetos a inspección semestral) podían tener que realizar dos inspecciones con un intervalo de pocos días entre ellas.