Las viudas de parejas de hecho piden acabar con la discriminación en las pensiones

La lucha de Silvia Oñate y otras 1.800 familias de viudas registradas como parejas de hecho lleva once años chocando contra un muro. El que les recuerda que, por hecho de haber cobrado un céntimo más que sus compañeros cuando estos murieron, no tienen derecho a una pensión de viudedad. Aunque después se hayan quedado en paro o sin recursos y con hijos a cargo. Todos los partidos políticos, e incluso la UE, les reconocen el derecho a la prestación al considerar que se trata de una situación discriminatoria a causa una ley mal redactada. Desde la Asociación Vida, que las agrupa, reclaman que se las saque del abismo mediante una simple enmienda en la Ley de Presupuestos, como la que ya ha presentado Más Madrid. Y anuncian un ayuno simbólico mientras dura la negociación de los Presupuestos para que se oiga su voz y su petición sea tenida en cuenta.

La pareja de Silvia falleció en 2017, y ella perdió el derecho a la prestación por ganar un euro más que su pareja durante el año previo a su muerte. Pese a que luego se quedó en paro y debía mantener a dos menores, la ley no le reconocía ese derecho. Después ha ido encontrando otras familias en su misma situación. «Y más que están saliendo, porque la gente se muere por coronavirus, y muchos viudos están perdiendo sus empleos», subraya.

«Es una tubería que chorrea agua tóxica desde 2008, y no porque haya venido un temporal que la haya roto o alguien se la haya cargado, sino porque la diseñaron mal», compara Oñate, periodista que ha ocupado puestos públicos de responsabilidad, desde diputada en el Congreso hasta directora del Instituto Andaluz de la Mujer. El problema radica en que, aunque todos los partidos están de acuerdo en ese diseño «discriminatorio e injusto» del artículo 221 de la Ley General de Seguridad Social, no terminan de ver el momento para corregirlo.

«Una ley no puede ser como jugar a los dardos, cuestión de azar: si el año anterior el superviviente ganó más, ya no tiene derecho a la prestación, es completamente injusto». Un razonamiento que comparte la UE, a donde Silvia llevó su caso. O el propio Senado, en donde el pasado octubre el PSOE sacó adelante una moción para equiparar los requisitos de las viudas, casadas o emparejadas. El coste de la medida sería irrisorio, apunta, porque según los cálculos de los expertos no superaría los 21 millones en estos momentos, y se elevaría a 43 millones a medio plazo.

La corrección de este agravio iba en el programa electoral del PSOE y en el acuerdo de gobierno con Unidas Podemos. Pero falta, reprocha Oñate, voluntad política de pasar «de las palabras a los hechos». La única respuesta que encuentra desde el Ejecutivo es que el asunto se abordará con la reforma del sistema de pensiones del Pacto de Toledo, un proceso que podría prolongarse de nuevo varios años antes de concretarse con un acuerdo oficial. Y eso pese a que el proyecto actual de presupuestos sí modificará otro artículo de esta misma ley.

Pero estas mujeres no pueden esperar más tiempo, y piden al Ejecutivo que acepte la modificación que ha presentado Más Madrid como enmienda a los Presupuestos. La fórmula plantea que estas mujeres, «porque es un problema fundamentalmente femenino, dado que somos alrededor de un 90% de viudas», tengan un plazo de un año para poder solicitar esa prestación. «Cuando una situación discriminación no se corrige con la debida diligencia, crea violencia institucional», lamenta.