Más de 20.000 juicios suspendidos en la provincia de Valencia por la huelga de funcionarios

Las sucesivas huelgas han dejado a la Justicia en la UCI con graves secuelas en la provincia de Valencia, donde se han suspendido ya más de 20.000 juicios, según un cálculo provisional de los sindicatos. La paralización de decenas de miles de trámites han retrasado también innumerables procedimientos judiciales.

Los funcionarios advierten de un «colapso inaudito» que sitúa a los juzgados de Valencia en los peores momentos de su historia con cientos de juicios que tendrán que señalarse para dentro de dos años. Esta situación no sólo perjudica a los ciudadanos, sino que afecta cada vez más a abogados, procuradores, trabajadores sociales y peritos.

Según fuentes judiciales, los procedimientos se acumulan y se están dando nuevas fechas en 2025 para la celebración de las vistas tras varios años esperando por dilaciones que no guardan relación con la huelga.

También se han suspendido varios centenares de desahucios, embargos, declaraciones, videoconferencias y otras actuaciones que impiden el impulso de los procedimientos. Y todos los juicios que se aplazan tendrán que celebrarse en los próximos años, por lo que se volverán a formar nuevos colapsos.

Para finalizar este conflicto, «el Gobierno tiene que facilitar una interlocución válida con quien podamos llevar una verdadera negociación, rompiendo la dinámica mantenida durante más de dos meses por el Ministerio de Justicia, desde donde se han limitado a negar al colectivo de trabajadoras y trabajadores de los cuerpos generales y especiales», afirma Santiago Alegre, responsable de Justicia de UGT del País Valencià.

Para Bruno Antuña, presidente autonómico del sector de Justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el responsable de la grave situación «es el Ministerio de Justicia por su negativa a negociar y por su clasismo tras llegar a acuerdos con letrados, jueces y fiscales». Antuña considera que han dejado «abandonado al comité de huelga, que representa a los 45.000 funcionarios de Justicia, dentro del Ministerio de Justicia sin comida, bebida ni medicinas».

El dirigente sindical asegura que los funcionarios han intentando evitar el conflicto desde el primer momento, y lamentan los perjuicios que la huelga causa a ciudadanos y profesionales. «Antes de iniciar la huelga indefinida solicitamos mesas de negociación, hicimos concentración de delegados sindicales ante el Ministerio de Justicia, una manifestación de funcionarios de toda España, paros parciales de tres horas, paros totales de un día y de tres días a la semana hasta llegar al 22 de mayo cuando se anunció la huelga indefinida», explica Antuña.

El responsable de Justicia de UGT del País Valencià también asegura que la intención de los funcionarios es causar «el menor daño posible a la ciudadanía, y por ello hay establecidos unos servicios mínimos para garantizar unos derechos esenciales y que son de obligado cumplimiento».

Entre los asuntos que intentan que no resulten afectados por la huelga se encuentran los casos de violencia de género, el funcionamiento de los juzgados de guardia, las inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones en el Registro Civil, las actuaciones judiciales relacionadas con el pago de alimentos en procesos de divorcio y las medidas que afectan a menores de edad, personas con discapacidad, derechos fundamentales y libertades públicas, entre otras.

Antuña añade que los trabajadores de los cuerpos generales y especiales suponen el 92% del personal en los órganos judiciales, por lo que solicitan «el reconocimiento y retribución de la multitud de funciones que realizan a pesar de estar atribuidas a otros cuerpos».

Como consecuencia de esta situación de auténtico colapso, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) mostraron este miércoles su preocupación por los graves problemas de eficacia y organización, y medio centenar de procuradores y abogados se concentraron en las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Bajo los lemas «la Justicia es una cuestión de estado» y «Justicia, dignidad y respeto», pidieron el final de una huelga que no cuestionan, aunque muchos no están de acuerdo.

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