Dos años para la apoderada de un caja que creó un «banco paralelo»

La sección segunda de la Audiencia de Alicante ha condenado a dos años de cárcel y al pago de una multa de 720 euros a la apoderada de la sucursal de una caja ubicada en Torremanzanas (Alicante) que creó un "banco paralelo" de la entidad que generó un agujero contable a la misma de 438.405 euros.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, considera a la acusada autora de un delito de falsedad en documento mercantil en concurso ideal con otro delito continuado de apropiación indebida.

El juicio por estos hechos se celebró el pasado 9 de junio y la fiscalía solicitó una pena de dos años y cinco meses de prisión para la procesada después de que ésta se declarase culpable y hubiera indemnizado a la entidad para la que trabajaba, razón por la que el tribunal le ha aplicado la atenuante de reparación del daño.

La Audiencia Provincial ha aceptado como probados los hechos recogidos en el escrito del ministerio público, según el cual la acusada creó un "banco paralelo" dentro de la oficina de la caja para la que trabajaba con la finalidad de "obtener un beneficio patrimonial ilícito".

Desde ese segundo banco, que funcionó entre 2005 y 2011, quitó dinero a algunos clientes y concedió créditos a otros, además de realizar traspasos de saldos en tarjetas de crédito o transferencias a su antojo.

Sustrajo, por ejemplo, 205.500 euros a ahorradores en ocho extracciones de metálico, para lo que falsificó las firmas de los verdaderos titulares de las cuentas, al tiempo que realizaba abonos a otros usuarios mediante ingresos de efectivo, en este caso por un total de 8.407 euros, en concepto de "pago de intereses por depósitos superiores a los pactados en los contratos".

La sentencia también alude a la realización de "disposiciones indebidas de fondos" y concesión de préstamos a clientes que no contaban con la autorización "del departamento pertinente", ni cumplían con "las formalidades y requisitos exigidos por las normas existentes".

Dichas operaciones no eran contabilizadas, de forma que la procesada podía "apropiarse de los intereses de todas esas operaciones inexistentes documentalmente para la mercantil": un total de 17 por una cuantía superior a los 153.000 euros, aunque no lo logró al ser descubierta antes.

Además, la apoderada realizó presuntamente otras 32 operaciones de traspaso en tarjetas de crédito, transferencias y reintegros no justificados valorados en 84.620 euros, según la resolución judicial.