Piden cinco años a una administradora de fincas por quedarse 800.000 euros

Los administradores de fincas, en numerosas ocasiones, concentran el foco de las críticas de los vecinos. Existe el riesgo de que cualquier incidencia en la finca derive en un reproche a estos profesionales. En el caso de Elena G., sin duda, estarían más que justificados. La mujer generó un notable agujero económico en 37 comunidades de vecinos ha supuesto un verdadero trauma económico para los residentes a la hora de afrontar los gastos ordinarios. La Fiscalía Provincial de Valencia pide cinco años de prisión por quedarse más de 800.000 euros.

Su radio de acción no se limitaba a la ciudad de Valencia, aunque sí concentraba la mayoría de sus clientes. Otras comunidades de Alfafar y La Cañada (Paterna) o complejos residenciales como El Perelló también se vieron gravemente afectadas por la gestión de Elena C. El Ministerio Público la considera autora de un delito de apropiación indebida con la agravante de abuso de confianza. El método defraudatorio era bastante simple, consistía en ir transfiriendo el dinero de las cuentas comunitarias a la suya propia o otra que compartía con su marido, Pascual M. G. C. En otros supuestos, realizaba reintegros desde las cuentas de origen.

Su pareja sentimental, además, ejercía como letrado en el despacho de la acusada, por lo que era conocedor de las actividades que se desarrollaban en la oficina, según figura en la calificación fiscal. Para él, la acusación pública pide otros tres años y nueve meses de prisión.

Los hechos, en concreto, tuvieron lugar durante tres años (entre 2013 y 2015) y la acusada aprovechaba que era cotitular de las cuentas bancarias de las comunidades para, supuestamente, cometer estos hechos delictivos.

Las cuantías presuntamente sustraídas por esta administradora oscilan entre los 930 euros de una comunidad de vecinos de la calle Pintor Gisbert, en la capital, a los casi 360.000 de otra de Dolores Marqués, también en Valencia. Otros vecinos que sufrieron significativamente los engaños de la administradora son comunidades en las calles Rodrigo de Osona, Féliz Pizcueta, Cirilo Amorós y Poeta Ricard Sanmartí, entre otras.

Las denuncias terminaron juntándose en una sola causa. El Colegio de Administradores también acumulaba decenas de quejas por la actuación de esta mujer. Un juzgado de Catarroja fue el primero en imputarla, aunque finalmente un órgano de Valencia asumió el caso. El juzgado ya ha dictado la apertura de juicio oral. En su día, la acusada admitió ante el juez una mala gestión a la hora de llevar las cuentas, pero también repartió la responsabilidad entre algunas de sus compañeras de despacho. En otros casos apuntó a la morosidad de los vecinos o a un cúmulo de gastos inesperados. En su escrito de defensa rechaza todas las acusaciones.,

El juicio quizá permita aclarar dónde fue a parar el dinero de los vecinos. Una de las tesis que se manejó en un inicio fue que se había gastado en partidas de póker. En algún caso alguna comunidad se había percatado de esa afición y pudo recuperar las cantidades con antelación. La profesional reconoció en su día que era aficionada y que jugaba de manera muy ocasional a las cartas, aunque sí había participado en torneos. De igual modo, admitió su visita esporádica a casinos. Pero en ningún caso reconoció una adicción, que quizá podría beneficiarle a la hora de una rebaja de pena.