La abuela de los dos niños asesinados en Godella reclama responsabilidades a la Conselleria de Sanidad

La Generalitat Valenciana se enfrenta a un procedimiento administrativo por el funcionamiento anormal de los servicios médicos en el caso de los dos niños asesinados en Godella. La abuela materna de los menores ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el ente autonómico al considerar que la presunta parricida no recibió una atención psiquiátrica adecuada.

Cuatro semanas antes del doble infanticidio, el 19 de febrero de 2019, María G. fue reconocida por una psiquiatra de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Su madre la convenció para que acudiera al centro de salud de Godella, pero la especialista le dijo que solo sufría episodios de ansiedad propios de una joven madre entregada a la crianza de sus dos hijos pequeños.

Cuando sucedieron los trágicos hechos, la joven padecía una esquizofrenia paranoide en fase de brote agudo que anulaba su inteligencia y su voluntad, las bases psicobiológicas de la imputabilidad. Sin embargo, la enfermedad mental fue diagnosticada por los médicos después de los asesinatos. Según los especialistas que la atendieron en el Hospital de Llíria y la cárcel de Picassent, María sufría trastornos psicológicos desde hacía tiempo, posiblemente desde el parto de su hija Ixchel.

La madre de la presunta infanticida cree que los crímenes se podrían haber evitado si los médicos que atendieron a su hija hubieran diagnosticado antes la esquizofrenia paranoide que padece. Un día antes de los asesinatos, el padre de los niños, que también será juzgado a partir del lunes por el doble infanticidio, llevó a su pareja al centro de salud de Godella y el psiquiatra le dijo que María «estaba perfecta», según declaró en el juzgado.

De ser cierto este testimonio, la presunta parricida habría sido reconocida por dos especialistas de la Unidad de Salud Mental de la Conselleria de Sanidad y ninguno de ellos habría detectado los graves trastornos mentales de la joven. Pero esta segunda entrevista clínica no está registrada en el sistema informático del centro de salud de Godella, por lo que el padre de los menores podría haber mentido en su declaración ante el juez.

Tras la primera consulta, la psiquiatra concertó una nueva cita para el 1 de marzo, aunque la paciente no acudió al centro médico, y 13 días después mató a golpes, presuntamente, a sus hijos de seis meses y tres años de edad en un crimen instigado por su pareja y padre de los niños, según la Fiscalía de Valencia.

Además de la deficiente asistencia médica, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia reconoció que hubo «un fallo colectivo» en la protección de los menores. Los servicios sociales, sanitarios, educativos y judiciales, así como las fuerzas de seguridad del Estado y la Policía Local, conocían la situación de riesgo de unos niños que vivían con sus padres en una casa abandonada en Godella.

La reclamación de responsabilidad patrimonial fue presentada hace un año, antes de que finalizara el plazo de prescripción, sin ninguna evaluación económica y todavía no se ha resuelto. La abuela de los niños podría acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa en el caso de que la Generalitat no reconociera «el funcionamiento anormal» de los servicios médicos que atendieron a la presunta infanticida.

El juicio con jurado por el asesinato de Ixchel y Amiel comienza el lunes en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Tras apreciar la eximente completa de anomalía psíquica, la Fiscalía pide un internamiento en un centro psiquiátrico durante un período de 25 años para la madre, y una condena de 50 años de prisión para el padre.

Según el escrito de la Fiscalía, María G. M. y Gabriel Salvador C. A. bañaron a sus dos hijos de seis meses y tres años en la piscina de la casa de Godella con el propósito de purificarlos, y momentos después, les propinaron numerosos golpes en la cabeza. Los violentos hechos ocurrieron entre las diez de la noche del 13 marzo y las cuatro de la madrugada del 14 de marzo de 2019.

Gabriel había inculcado en su pareja creencias místicas y extravagantes, y ambos creían que una secta les perseguía y abusaba sexualmente de su hijo mayor. El padre niega haber participado en los crímenes.