Piden 30 años para el hombre que acuchilló a la hija de la expresa de ETA Sara Majarenas

La sección primera de la Audiencia de Valencia enjuicia a partir de este martes a un hombre de 52 años, ex compañero sentimental de la expresa de ETA Sara Majarenas, que acuchilló a la hija de ambos en enero de 2017 en Benifaió (Valencia) y que se enfrenta a una petición de condena de 30 años.

Según el escrito del fiscal, el acusado, natural de Etiopía pero de nacionalidad griega, atacó con un cuchillo a la menor, de 2 años y 10 meses, mientras Majarenas cumplía condena en el centro penitenciario de Picassent.

La expresa quedó en libertad en abril del año pasado, aunque desde que ocurrieron estos hechos obtuvo el segundo grado para cuidar de su hija.

La menor pasaba la mayor parte de la semana con su madre en un módulo específico, pero los fines de semana salía para estar con su padre.

Según el relato del Ministerio Público, el acusado estaba discutiendo con Majarenas por teléfono y en el transcurso de la misma cogió dos cuchillos de cocina y se dirigió hacia la menor, que era ajena a la conversación y se encontraba jugando en otra habitación.

Sin mediar palabra alguna con ella, le asestó dos puñaladas, una en la espalda y otra en el costado izquierdo, y continuó con la conversación para indicarle a la madre: «Se está muriendo».

El acusado se dirigió a la comisaría de la Policía Local de Benifaió para relatar lo que acababa de hacer, aunque antes llamó al padre de Majarenas para informarle de lo que había hecho y decirle que ese era su «regalo de cumpleaños«.

La menor sobrevivió a las graves heridas, que le afectaron al hígado, estómago y un pulmón y que la mantuvieron hospitalizada durante 37 días, aunque todavía sufre estrés postraumático y trastorno de ansiedad, por los que recibe tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico.

El fiscal califica estos hechos como un delito de asesinato en grado de tentativa y otro de lesiones psíquicas, por los que reclama 30 años de prisión, el alejamiento de la víctima no inferior a dos kilómetros durante 37 años y la prohibición de residencia en el País Vasco por idéntico periodo, además de la privación de la patria potestad.

Asimismo, reclama una indemnización de 56.750 euros por las lesiones, las secuelas y los daños morales, más 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil y otros 34.047 euros a la Generalitat por los gastos sanitarios.