Familiares de las víctimas denuncian «una instrucción encubierta y parcial» en la causa del incendio de Campanar

El abogado que representa al padre del hombre que murió en el incendio de Campanar, junto con su mujer y sus dos hijos de corta edad, denuncia que el juez está realizando «una instrucción encubierta y parcial» al remitir a la partes solo las diligencias que el magistrado considera pertinentes.

En su escrito de alegaciones al informe policial sobre las causas del siniestro, el letrado Ignacio Grau argumenta que el juez instructor «no acuerda nada sobre las diligencias interesadas sobre análisis de vestigios por investigadores privados o rectificaciones de informes forenses».

Según el abogado que ejerce una de las acusaciones particulares, la instrucción parcial «está generando una clara indefensión e inseguridad jurídica, pues no puede existir instrucción sin proceso». Grau afirma que el informe de la Policía Científica no realiza «ningún comentario sobre los materiales de aluminio de la fachada que se derretían, abriendo sucesivos focos en otras partes de los edificios, y si eran conforme a normativa, si era conocida su peligrosidad o si fueron inspeccionados por las autoridades competentes».

Por ello, solicita al juez que ordene a la Policía Nacional la confección de un atestado más completo sobre los materiales empleados en la construcción de las dos torres, «y si estos fueron concausa eficiente para la propagación del fuego, identificando a la empresa que suministró dichos materiales y a la constructora de los edificios». La acusación particular también pide al magistrado que requiera los informes de los peritos de las aseguradoras para conocer sus conclusiones.

Según el escrito remitido a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, existen «otros delitos imprudentes que pueden actuar como concausas diferentes al origen de las lesiones o muertes». Y recuerda que una sentencia del Tribunal Supremo del caso Madrid Arena condenó a uno de los médicos por no prestar la atención adecuada a una de las víctimas de la avalancha humana, una joven que falleció tras la negligente actuación del facultativo.

Aunque la Policía descartó «una etiología criminal», las familias de cinco de las víctimas, al menos, consideran que debería investigarse una posible «etiología imprudente» de la propietaria o del inquilino de la vivienda número 86 (donde se inició el fuego), el fabricante del frigorífico (foco del incendio) o incluso del jefe de los bomberos por el protocolo de salvamento que aplicó.

Por este motivo, reclaman la declaración como testigo del mando de los bomberos que actuó como tal el 22 de febrero, el día que sucedieron los trágicos hechos, requiriéndole también que remita al juez el protocolo escrito en materia de evacuación de personas atrapadas en un edificio en llamas.

Los familiares de las víctimas insisten al juez que las declaraciones e informes que solicitan deben esclarecer por qué murieron diez personas si hubo oportunidad para salvarlas. «En la torre donde el fuego tuvo su origen tan solo se encontraba una de las diez personas fallecidas, y esta víctima estaba en una planta superior a la del incendio», precisa el escrito de alegaciones.

«Los informes de las autopsias son erróneos y sitúan la hora del fallecimiento de todos a las 18 horas, cuando existen llamadas (telefónicas) con las víctimas hasta las 21 horas», y esta equivocación «ya ha merecido la primera de las rectificaciones», añade el abogado penalista.

Otros testigos que la acusación particular pretende que sean interrogados por el juez son la propietaria y el inquilino del piso donde se inició el fuego para que informen «sobre el estado de la instalación eléctrica de la vivienda, los electrodomésticos, revisiones y mantenimiento» de los aparatos.

El incendio tuvo lugar el 22 de febrero en un complejo de dos edificios en la confluencia de las calles Poeta Rafael Alberti y las avenidas Maestro Rodrigo y General Avilés, en el distrito de Campanar en Valencia. El fuego se inició sobre las 17.30 horas en la vivienda número 86 por un fallo eléctrico en una nevera, según las primeras investigaciones.

Tras la rápida propagación de las llamas por la fachada ventilada, diez personas fallecieron y otras 15 resultaron heridas, entre ellas siete bomberos. El voraz incendio destruyó en pocas horas dos bloques de 10 y 14 plantas con 138 viviendas en las que vivían 450 personas.

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