La acusación de otras ocho víctimas del sospechoso del crimen de Marta Calvo también pide prisión permanente revisable

Marta Calvo era sólo la punta del iceberg. El periplo de los últimos años del traficante colombiano Jorge Ignacio P. J. antes de ser capturado tras la desaparición de Marta está salpicado de otros presuntos asesinatos y tentativas por los que la acusación particular que ejerce el abogado Juan Carlos Navarro pide la prisión permanente revisable.

En suma, el letrado defiende los intereses de las familias de Lady Marcela Vargas y Arliene Ramos, que murieron tras sendos encuentros sexuales con el sospechoso, y de otras seis mujeres que sufrieron los peligrosos efectos de lo que él denominaba fiesta blanca y que consistía en introducir importantes cantidades de cocaína en los genitales de las víctimas.

Navarro califica al procesado de «feminicida» y sostiene que eligió a estas víctimas «por ser mujeres vulnerables», ya que ofrecían servicios sexuales a cambio de dinero. Según el abogado, «las contrataba engañándolas para poderlas hacer sucumbir a sus imposiciones» guiadas por un «ánimo de nominación y machismo, menoscabando su integridad física y psíquica».

Destaca la acusación que durante estos encuentros él mantenía sus facultades mentales intactas para proceder a la intoxicación de las mujeres. Y «en algunos casos utilizaba algún tipo de sustancia que vertía en una copa de alcohol a escondidas de ellas para mermar sus capacidades defensivas».

En el caso de Arliene y Lady Marcela, está acusado de asesinato con alevosía, abuso sexual y tráfico de drogas. Son los mismos delitos que le imputan respecto a las otras seis víctimas supervivientes sólo que en estos casos el asesinato, en su grado de tentativa. En cada uno de los hechos, Navarro aprecia la agravante de género. Y, en suma, además de las dos peticiones de prisión permanente revisable, se enfrenta a penas de más de 190 años de cárcel.

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