Las acusaciones atribuyen 33 delitos al presunto asesino de Marta Calvo

El presunto asesino de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas ha comparecido esta mañana en el juzgado de Valencia que acumuló las tres causas para ser informado de la imputación de nuevos delitos. Las cuatro acusaciones particulares y el fiscal atribuyen un total de 34 delitos a Jorge Ignacio P. M., que ha negado otra vez haber matado a las tres mujeres y ha declarado que las víctimas llevaban la droga a las citas sexuales.

El presunto asesino en serie fue trasladado en un furgón de la Guardia Civil desde la cárcel de Picassent a la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde ha tenido lugar la comparecencia con la asistencia de todas las partes. La abogada que representa al padre de Marta Calvo ha intervenido por videoconferencia.

Las acusaciones han solicitado al magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 20 que amplíe la imputación a nuevos delitos contra la salud pública y contra la libertad sexual, y han introducido la circunstancia agravante de género. «Existe un mismo patrón. Los hechos han sido cometido contra mujeres por el hecho de serlo y con intención de dejar patente un sentimiento de superioridad», afirmó el abogado Juan Carlos Navarro, que representa a siete de las víctimas, dos de ellas fallecidas.

El letrado solicitó la vista tras las últimas declaraciones incorporadas al procedimiento por parte de presuntas víctimas de Jorge Ignacio, que relataron que mantuvieron relaciones sexuales con el acusado y que éste les drogó y les introdujo cocaína por sus zonas íntimas. El investigado utilizó su turno de palabra para explicar en qué consiste una 'fiesta blanca', aseguró que no había matado a ninguna chica y declaró que eran las mujeres las que llevaban la droga a las citas sexuales.

Y preguntado por el cuerpo sin vida de Marta Calvo, que él aseguró que descuartizó después de que muriera accidentalmente, insistió en que él ya dijo a la Guardia Civil donde se deshizo de él. «Es evidente que en el vertedero no está, con lo que sigue ocultando el cuerpo de Marta y no sabemos con qué intención», afirmó la abogada de la familia de Marta, Pilar Jové, en declaraciones a los medios de comunicación.

10 víctimas y 33 delitos

En la comparecencia, las acusaciones de las 10 víctimas (tres de ellas fallecidas) acusan al investigado de 33 delitos en total al sumarle hechos punibles relacionados con los delitos contra la salud pública, la libertad sexual y las figuras agravadas de los delitos de homicidio y/o asesinato.

El abogado Juan Carlos Navarro, para justificar estas nuevas imputaciones, ha introducido el término de feminicidio y ha asegurado que de la prueba practicada hasta la fecha existe un patrón en el 'modus operandi' del investigado que se puede concretar en una triple secuencia alevosa.

El abogado expone que el acusado siempre contrataba a mujeres que se prestaban a consumir sustancias estupefacientes y a practicar sexo. Con este objetivo, siempre según su relato de hechos, generaba en ellas una situación de confianza para poder acceder a la desnudez de la mujer, sin objeciones. De esta forma no las elegía para practicar sexo, sino que su propósito era acceder a las partes íntimas de las mujeres e introducirles cocaína que, por la cantidad y pureza, era letal.

Esta situación, según afirma el letrado, generaba «relajación y confianza» en las mujeres, lo que constituye una alevosía proditoria (de trampa) y llevaba a un nuevo escenario. Una vez ya contratadas, las mujeres se prestaban a tomar una copa y allí les introducía algún tipo de sustancia que disminuía las facultades volitivas de las víctimas, lo que significaría una alevosía de desvalimiento.

Y tras ello, dentro de una alevosía sorpresiva, la mujer, que ya había consumido la sustancia de «atontamiento» y de cocaína esnifada, comenzaba el uso del arma homicida: introducir cocaína de gran pureza en cantidad letal en las partes íntimas de las mujeres. «El resultado ha generado que en algunos casos las mujeres han podido reaccionar expulsando la sustancia letal estupefaciente, pero en otros ha provocado la muerte», mantiene el letrado en su escrito.

Ante estos hechos, se solicita que se atribuya al investigado la circunstancia agravante de género: «Los hechos han sido cometidos contra mujeres por el hecho de serlo y con intención de dejar patente un sentimiento de superioridad». El letrado recuerda en su escrito que desde el Convenio de Estambul, ratificado por España en el año 2014, permite aplicarse esta agravante a toda forma de violencia contra las mujeres, motivado porque el agresor se siente superior y como medio para demostrar a la víctima que la considere superior, disfrutando como agonizan, convulsionan o fallecen.

Además, el letrado alude a un trato degradante y humillante que conduce a tipificar esta conducta como delito contra la integridad moral: «El hecho de utilizar a todas las mujeres de forma instrumental, contratándolas con la excusa de realizar actos sexuales y, sin embargo, buscar dominarlas y someterlas a su perversión, introduciéndolas sustancia estupefacientes sin su consentimiento».

Hasta ahora, el juzgado mantiene el procedimiento contra el acusado por dos delitos de homicidio/asesinato consumado; tres delito de homicidio en grado de tentativa; un delito de omisión del deber de socorro; un delito contra la integridad moral/lesiones; contra la salud pública; un delito de profanación de cadáveres y otro de agresión sexual.