Las acusaciones mantienen la petición de prisión permanente para el presunto asesino de Marta Calvo

Sin inmutarse y con la mirada perdida en algunos momentos. Así ha escuchado el presunto homicida Jorge Ignacio P. J. todas y cada una de las penas que solicitaron la fiscal Socorro Zaragozá y los abogados de las acusaciones. El juicio contra el presunto asesino de Arliene Ramos, Lady Marcela Vargas y Marta Calvo se ha reanudado esta mañana en la Ciudad de la Justicia de Valencia con la introducción de varias modificaciones en las conclusiones, relatos de los hechos y peticiones de cárcel de las partes.

El Ministerio Público ha solicitado un total de 120 años de prisión para el presunto homicida, diez años menos de cárcel que en su petición inicial, después de que retirara la acusación una de las ocho víctimas supervivientes, una joven que se personó en la causa, aunque luego no quiso declarar en el juicio. La fiscal también ha reclamado el destierro de Jorge Ignacio por un tiempo de 12 años y la prohibición de comunicarse con las mujeres supervivientes que lo denunciaron.

El comienzo de la vista se ha hecho de esperar en la sala Tirant lo Blach I. La tardía entrada ante el tribunal del acusado y el intercambio de escritos modificados entre las partes han marcado el inicio de una sesión diferente a las últimas que se han celebrado del caso Marta Calvo, con un encausado que ha cambiado de semblante e incluso de actitud.

La abogada Isabel Carricondo, que representa a los familiares de Arliene y Lady Marcela y a varias de las víctimas supervivientes, ha solicitado la pena de prisión permanente revisable por dos delitos de asesinato con alevosía y agravante de género tras ratificar los hechos relatados en el escrito inicial de acusación.

Carricondo ha pedido también 15 años de cárcel por cada intento de homicidio, ocho años de prisión por cada delito de abuso sexual y cinco años de cárcel y una multa de 25.000 euros por un delito de tráfico de drogas.

Además de las penas de cárcel, la abogada de siete de las victimas ha solicitado una orden de alejamiento de 1.000 metros y la prohibición al encausado de comunicarse con las cinco supervivientes, así como una indemnización de 50.000 euros por daño moral para cada una.

Mientras la letrada leía sus peticiones de pena, el presunto homicida mantenía una actitud muy diferente a la que tuvo en la jornada anterior. Durante su declaración, Jorge Ignacio hizo aspavientos y gestos de rechazo al escuchar algunas preguntas que le formularon los abogados de las acusaciones y el jurado popular a través de la magistrada Clara Bayarri, presidenta del tribunal. Hoy, sin embargo, sin hacer mueca alguna y sin apenas comentar con su abogada, ha soportado la vista con aparente paciencia.

Pilar Jové, la letrada de la acusación particular que ejerce la madre de Marta, ha afirmado que mantiene la petición de prisión permanente revisable y el delito contra la integridad moral, modifica el delito de agresión sexual por el de abuso sexual y retira la reincidencia en el tráfico de drogas, aunque ha solicitado una multa de 25.000 euros por este delito para el encausado. 

Cuando ha llegado el turno de Candela Estévez, abogada del padre de Marta, ha habido algo de confusión entre ella y la magistrada presidenta del tribunal, Clara Bayarri. Esta última ha preguntado en algunos puntos sobre los artículos concretos del Código Penal, pero la letrada tenía una nueva versión del mismo.

Estévez ha solicitado también la máxima condena privativa de libertad en España (prisión permanente revisable) tras calificar la muerte de la joven como un «asesinato con alevosía sorpresiva con la agravante de género». Y de no aplicarse la máxima pena, la abogada ha pedido 20 años de cárcel por el delito subsidiario de homicidio, cuatro años más de prisión por tráfico de drogas y otros dos por el delito contra la integridad moral.

Vicente Escribano, letrado defensor de otra de las supervivientes, ha añadido en su escrito de conclusiones que el acusado intentó acabar con la vida de su clienta "a sabiendas de que esa practica producía la muerte". También ha agregado que la cocaína que portaba Jorge Ignacio era de una pureza superior al 80 por ciento.

Respecto a las penas, Escribano ha solicitado 15 años de prisión por el asesinato intentado, ocho años de cárcel por los abusos sexuales y otros cuatro por un delito de tráfico de drogas.

La abogada Laura Muñoz, que representa a otra de las denunciantes, ha pedido las mismas condenas que reclaman las acusaciones particulares por los delitos de asesinato en grado de tentativa y abuso sexual, y cinco años de prisión más por tráfico de drogas.

El último turno de palabra ha sido para la defensa, que ha anunciado que eleva a definitivas sus conclusiones provisionales. La abogada María Herrera ha mostrado su disconformidad con las penas que solicitan las acusaciones, y por ende, ha pedido la absolución de Jorge Ignacio.

Prisión permanente

La condena de prisión permanente revisable supone cumplir de manera efectiva 20 años de cárcel –debido al gran número de delitos que las acusaciones atribuyen al procesado–, sin descontar ningún día, y posteriormente un tribunal tendría que revisar nuevamente las circunstancias del penado y valorar si cumple los requisitos necesarios para obtener la libertad.

Antes y después del receso, la magistrada Bayarri ha estado atenta y dialogante con los miembros del jurado popular tras una jornada algo más que farragosa con las modificaciones de los hechos y peticiones de penas. «¿Se aclaran? ¿Saben seguir lo que se va diciendo en la sala? Entiendo que es una sesión más técnica pero es necesaria», ha manifestado Bayarri entre algunas risas del jurado y de los asistentes.

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