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J. F.
Martes, 21 de febrero 2023, 13:59
La vista de los recursos de apelación contra la sentencia de Jorge Ignacio P. J., condenado a 159 años de cárcel por las muertes de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas, se ha celebrado este martes con la comparecencia del procesado en una sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
La magistrada presidenta del Tribunal del Jurado escuchó los argumentos de la defensa y las acusaciones particulares, que reiteraron su petición de prisión permanente revisable. La Audiencia Provincial de Valencia condenó a 159 años y 11 meses de prisión a Jorge Ignacio P. J., después de que un jurado popular lo considerara culpable de los crímenes de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas. Sin embargo, el máximo de cumplimiento efectivo de cárcel será de 40 años.
Mientras la defensa considera que la sentencia vulnera el derecho a la presunción de inocencia y manifiesta contradicciones en los hechos probados, los abogados de las acusaciones particulares reiteran sus peticiones de prisión permanente revisable y de condena por un delito contra la integridad moral por los daños causados a los padres de Marta Calvo, cuyo cuerpo no ha aparecido.
La abogada del presunto asesino en serie, que en su recurso pide la absolución del acusado, insistió en su inocencia, manifestó que fue condenado «por hipótesis, conjeturas y sospechas», y cuestionó «tanto el delito contra la salud pública como el de integridad moral o los asesinatos». En relación con el asesinato de Marta Calvo, la letrada afirmó que en el objeto del veredicto se indica que se condena pese a no tener pruebas y que la muerte se pudo producir por intoxicación.
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Según María Herrera, «una condena por asesinato, cuando no se puede decir cómo se ha producido la muerte ni por qué, no se puede fundamentar». La abogada de Jorge Ignacio P. señala también en su recurso que el carácter «odioso de hechos denunciados no puede determinar una degradación del hecho constitucional», como asevera una sentencia del Supremo.
El abogado Juan Carlos Navarro, que representa a las familias de Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas y a seis víctimas que sobrevivieron, solicita dos condenas de prisión permanente revisable para el procesado. Además, Navarro sostiene que los miembros del jurado popular apreciaron «la suficiente prueba existente bajo criterios de lógica y razonabilidad necesarios para enervar la presunción de inocencia» de Jorge Ignacio P.
Por su parte, el recurso presentado por Pilar Jové, abogada de la madre de Marta Calvo, pide también la condena por el delito contra la integridad moral, además de la pena de prisión permanente revisable, y una indemnización de 150.000 euros, y no de 35.000 euros que fija la sentencia.
Como ya informó LAS PROVINCIAS, Jové refiere en su escrito «la sentencia del caso Marta del Castillo dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla, que fija la cantidad de 140.000 euros para cada progenitor, atendiendo a las circunstancias idénticas a las de este caso al no haber podido hallar los restos mortales de su hija». El dolor y la imposibilidad de cerrar el duelo «ha supuesto y supone un gran sufrimiento en los padres» de Marta Calvo y Marta del Castillo, según la letrada.
La acusación particular que ejerce el padre de Marta Calvo solicitó también la condena por el delito contra la integridad moral al considerar que para causar menoscabo a la integridad moral y a la dignidad de los familiares «no es conditio sine qua non que el acusado dé distintas versiones sobre el paradero del cadáver de una hija, tal y como sucedió en el caso de Marta del Castillo».
La abogada de Sergio Calvo recalca que hay muchas formas «de provocar un mayor dolor y angustia a unos padres, por la muerte de una hija, hasta el punto de menoscabar su dignidad o proferirles un trato degradante, ajeno al autoencubrimiento»; y eso es lo que entiende la letrada que ha ocurrido en el caso de Marta Calvo.
Sentencia del caso Marta Calvo
La sentencia de la Audiencia de Valencia impone al acusado 159 años y 11 meses de prisión como autor de tres delitos contra la libertad e indemnidad sexuales en concurso ideal con tres delitos de asesinato alevoso consumados (tres penas de 22 años y 10 meses de prisión), y seis delitos contra la libertad e indemnidad sexuales en concurso ideal con seis delitos de asesinato alevoso en grado de tentativa (14 años de cárcel por cada uno de ellos y alejamiento).
El procesado también fue condenado por un delito contra la salud pública (cinco años más de prisión) y por un delito contra la libertad e indemnidad sexuales (dos años y cinco meses de cárcel y prohibición de acercamiento a menos de 300 metros de la víctima).
Por su parte, los abogados Vicente Escribano e Isabel Carricondo, que representan a dos víctimas que sobrevivieron a la práctica sexual que causó la muerte de las tres jóvenes, se adhirieron a los recursos de las otras acusaciones particulares e impugnaron el de de la defensa, como también lo hizo la fiscal Socorro Zaragozá en lo relativo a los delitos contra la libertad sexual y contra la salud pública y la agravante de género.
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