Las acusaciones del caso Alcàsser se oponen a la declaración de fallecimiento de Anglés

Para la Asociación Clara Campoamor, que ejerció la acusación popular en el juicio en 1997, no debe declararse el fallecimiento de Anglés cuando está en curso una investigación que comporta la indagación de su paradero.

La jurisdicción penal «tiene vis atractiva respecto a la jurisdicción civil, y dado que la declaración de fallecimiento en este caso trasciende de la mera declaración civil, porque supondría la finalización del procedimiento y la exclusión de la responsabilidad penal del reo, esta decisión sólo puede ser adoptada en el seno del presente procedimiento penal», afirma el escrito presentado por la Asociación Clara Campoamor.

Además, la declaración de fallecimiento de Anglés tendría unas consecuencias graves, «como la imposibilidad de proseguir la investigación en orden a la localización y detención del procesado, pues dejarían de estar vigentes las órdenes internacionales de búsqueda y captura, entre otras cosas».

La Asociación Laxshmi para la Lucha contra el Crimen y la Prevención, que ejerce también la acusación popular, entiende que no puede declararse el fallecimiento legal del fugitivo «en tanto no aparezcan pruebas evidentes e inequívocas» de su muerte.

Según Laxshmi, «existe la figura legal de la declaración de ausencia para que los familiares de un desaparecido puedan gestionar cuestiones patrimoniales sin necesidad de declarar fallecida a la persona en cuestión«.

Los abogados de los padres de Toñi y Desirée, dos de las niñas asesinadas por Antonio Anglés y Miguel Ricart, también han mostrado su oposición. El escrito presentado por el representante legal de Rosa Folch (madre de Desirée) afirma que no existen indicios nuevos de la posible muerte de Anglés, y añade que la declaración de fallecimiento «supondría la frustración del procedimiento en el que aún se realizan gestiones para la averiguación de su paradero«.

Como ya informó en exclusiva LAS PROVINCIAS, la familia de Anglés decidió formalizar la posibilidad de que el prófugo brasileño estuviera muerto después de que hayan transcurrido 30 años sin que la Policía ni la Guardia Civil hallaran ninguna pista fiable sobre su paradero, aunque Interpol mantiene su búsqueda en los 195 países miembros de la mayor organización policial del mundo.

La solicitud fue firmada por Joaquín Mauricio M., que actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Picassent, con el apoyo de sus hermanos para poder acceder a la herencia familiar. El 9 de septiembre de 2022, la madre de Anglés y tres de sus hijos acudieron a un juzgado de Catarroja para iniciar un expediente de jurisdicción voluntaria, tal y como establece el Código Civil, en el que pidieron como parte interesada la declaración de fallecimiento del fugitivo.

Una vez admitida a trámite la solicitud, el letrado de la Administración de Justicia preguntó al juez instructor del caso Alcàsser, en un oficio fechado el pasado 23 de febrero, «si existe alguna circunstancia derivada del sumario que impida la declaración de fallecimiento por ausencia».

La fuga y posterior desaparición de Anglés forman parte de la memoria de la crónica negra de España por las extrañas circunstancias de varios episodios de la huida en España e Irlanda. Treinta años después del triple crimen, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) sigue incluyendo al fugitivo brasileño en la lista de delincuentes más buscados.

Bajo las acusaciones de rapto, violación, asesinato, inhumación de cadáver y tenencia ilícita de armas, la orden internacional de captura de Anglés continúa en vigor y la Policía Nacional realiza pesquisas cada cierto tiempo para tratar de averiguar su paradero.