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La mayoría de los acusados de agredir y amenazar a los manifestantes y medios de comunicación el 9 d'Octubre de 2017, un total de ... 25, han aceptado penas de entre 1 y 2 años de prisión. De los 28 enjuiciados, los únicos que no han llegado a una conformidad han sido Pepe Herrero y Francisco Moreno. Otro de los encausados ha logrado eludir la pena de prisión pagando una multa por un delito de lesiones y coacciones.
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El letrado de Herrero ha manifestado que su representado no participó en los hechos violentos, si no que fue el «autor intelectual por su posicionamiento ideológico» y solicitan una nulidad parcial en cuanto a los hechos de los que se le imputan. Además ha tachado la causa de «un ataque contra el valencianismo ideológico».
El juicio estaba señalado para septiembre de 2023 pero finalmente se aplazó al 14 de febrero. La sesión se reanudará el próximo 4 de marzo para juzgar a Herrero y a Moreno, que no se han acogido a la conformidad.
Inicialmente, la Fiscalía solicitaba para los acusados en su escrito de calificación provisional penas que oscilaban entre los tres y los siete años y medio de prisión por delitos de odio, desórdenes públicos, coacciones, amenazas leves, lesiones y maltrato de obra.
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Eugenio Pons, el abogado defensor de uno de los acusados, ha manifestado su alegría ante las penas porque «en principio les pedían penas de hasta 7 años de prisión».
Los enjuiciados ya han pagado las indemnizaciones a las víctimas que ascienden a 46.000€ en conjunto y las costas a 49.000€. Todavía falta el pago de las multas que se abonarán cuando se abra la ejecutoria.
Los condenados también tienen una prohibición de aproximarse a 100 metros de las sedes de la Comissió 9 d'Octubre y a 300 metros de las manifestaciones del 9 d'octubre que se convoquen.
Manifestantes se han convocado a las puertas de la Ciudad de la Justicia con una pancarta que pone «País Valencià Antifeixista». A la salida de los ahora condenados les gritan: «Fascistas». Los encausados les responden sacándoles el dedo y les chillan: «Poco os dimos. Más barato nos hubiera salido mataros».
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Susana Gisbert, la fiscal delegada de delitos de odio de valencia ha valorado que es «muy importante que unos hechos así tengan una repercusión penal». Sobre las amenazas tras el juicio, la Fiscalía barajará «contemplar esas manifestaciones y ver qué condena penal tienen».
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