Una aseguradora del festival Medusa pide imputar al concejal de Urbanismo por el accidente mortal

Su argumento es que ambos firmaron el decreto de autorización del montaje del escenario que cayó derrumbado por el estallido del viento y la resolución de concesión de la licencia del festival sin que comprobaran la idoneidad del mismo ni el estado de la documentación, según solicita Axa Seguros Generales.

En el escrito presentado ante el juzgado, la aseguradora también reclama al juez de Sueca que se «emplace como responsable civil al propio Ayuntamiento de Cullera, y se le requiera para que aporte la póliza de responsabilidad civil que da cobertura a la responsabilidad en sus funciones de la corporación municipal». Es decir, que el juzgado ponga en marcha la maquinaria para que se establezca si el Consistorio debe hacer frente o no al posible pago de indemnizaciones a la familia del joven fallecido atrapado bajo una estructura del Medusa y a los 40 heridos.

De hecho, el juzgado ya ha remitido una providencia al Ayuntamiento de Cullera para corroborar qué cargos ocupaban el pasado verano Armengol y la secretaria municipal, así como para que el Consistorio aporte el seguro de responsabilidad civil.

El seguro basa su petición en la Ley de Espectáculos Públicos. «La citada norma exige que de forma imperativa se cumplan una serie de obligaciones formales, que se exigen tanto a quien solicita la licencia (promotor) como a quien la concede (Ayuntamiento) para garantizar la seguridad del evento y que consideramos que en este caso no se han cumplido». Así, el seguro recuerda que uno de los ya investigados, Vicente Villaplana, firmó el certificado del recinto por parte de la mercantil encargada de la inspección del siniestro. La aseguradora sostiene que el concejal de Urbanismo autorizó la actividad del Medusa pasando por alto que este técnico no realizó numerosas comprobaciones, como sostiene el seguro.

La normativa exige que dentro de estas indagaciones «se realicen comprobaciones de las resistencias de cargas de las estructuras, lo que el propio ingeniero reconoció expresamente que no realizó», como detalla el seguro del Medusa.

En su escrito presentado ante el juzgado, la aseguradora subraya que por parte del Consistorio se concedió la licencia «sin efectuar ninguna comprobación del contenido de los documentos del promotor». Ello provocó, según el seguro, «que no se apreciaran los múltiples defectos de los que adolecía» el montaje «y que han resaltado los peritos judiciales».

La aseguradora también subraya el escaso tiempo transcurrido entre los documentos firmados por el Consistorio, el montaje de las estructuras y la supuesta comprobación. En su escrito subrayan cómo fue el 8 de agosto cuando por parte del concejal de Urbanismo y la secretaria se concedió la autorización de montaje. Y fue ese mismo día, a las cuatro de la tarde, cuando el ingeniero suscribió el certificado de montaje.

Es en este extremo cuando la aseguradora lanza una demoledora apostilla: «Siendo materialmente imposible que todas las instalaciones se hubieran montado en un mismo día, lo que evidencia que el montaje de las mismas se realizó sin tener la preceptiva autorización y que el órgano municipal no efectuó ningún tipo de comprobación sobre el montaje realizado, incumpliendo con ello sus obligaciones de vigilancia y de velar por el cumplimiento de la legalidad a fin garantizar la seguridad del evento».

El seguro incluso añade otro aspecto de duda. El ingeniero llevó a cabo al día siguiente la visita de comprobación, no existiendo tiempo material para montar todas las estructuras de un evento de tal envergadura en 24 horas, lo que evidencia más si cabe que todos los documentos aportados no se corresponden con la realidad de lo acontecido y genera muchas dudas de que se hubiera realizado algún tipo de comprobación real sobre las instalaciones que componían el citado evento«.

La aseguradora concluye que se concedió la licencia de actividad «sin reunir los requisitos para ello, debiendo por ello depurarse responsabilidades», razón por la que solicita la imputación del concejal de Urbanismo y de la secretaria municipal.