La Audiencia Nacional procesa a siete personas y dos mercantiles por la trama del oro asentada en Valencia

La denominada «trama del oro» se trató de una ardua intervención policial que dejó decenas de detenidos por toda España. Diez años después de que se destapara la trama, la Audiencia Nacional procesará a siete personas y a dos empresas mercantiles.

Estos investigados se dedicaban presuntamente a la compraventa de oro a mayoristas para conseguir eludir el pago de las obligaciones fiscales derivadas de las ganancias obtenidas de sus actividades de comercio mayor de metales preciosos. Para ello, concertaron con otros implicados (denominados factureros) para que simularan la venta del género. De esta manera conseguían justificar tanto la adquisición del oro como el hecho de que estaban facturando un importe superior al real. Así lograban ocultar su verdadero margen de beneficios.

En esa operación con los factureros, en realidad, se camuflaba la compra de oro a personas desconocidas y así en la contabilidad se hacía pasar como compras al por mayor. Simulando la adquisición del oro a mayoristas reducían el pago que hacían de los impuestos de sociedades.

Al parecer, una de las mercantiles que ahora está procesada por la Audiencia Nacional adquirían parte del oro por «cauces irregulares y personas desconocidas, por lo que, con la finalidad de justificar su origen, el acusado Luis U. se concertó con los factureros para que le proporcionaran facturas mendaces con las que simular tales adquisiciones como si fueran al por mayor», señala un auto al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS.

En este caso en concreto, supuestamente la mercantil consiguió ocultar un beneficio superior a tres millones de euros de sus beneficios y dejaron de ingresar a la Hacienda Pública casi un millón de euros.

Múltiples actores en la trama de la compraventa de oro: personas que elaboraban facturas falsas para conseguir ocultar las ganancias reales de las mercantiles, gestorías «plenamente conscientes» de la finalidad que aceptaron realizar las facturaciones y las liquidaciones tributarias y los factureros.

A los procesados se les acusa de delitos contra la Hacienda Pública en relación con el impuesto de sociedades durante los años en los que se dedicaban a realizar estas tramas ilegales. Los investigados se enfrentan a penas de entre 13 y 24 años de prisión.

A Rafael V., el «director» del entramado, formado por las empresas Orvavalencia-Gimeno y Goldplus Valencia, entre otras sociedades, la Audiencia Nacional le impuso 18 años de prisión .

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