Los autistas eran encerrados en un trastero y atados sin orden médica

La investigación de la Guardia Civil a la residencia de autistas de El Campello deja detalles espeluznantes: los jóvenes atendidos en el centro, con concierto de la Generalitat, eran presuntamente encerrados en un trastero inhabitable junto a una piscina cuando se alteraban. También amarrados con correas de contención, y no siempre con la preceptiva prescripción médica por parte de un psiquiatra.

Así lo indicaron ayer fuentes de la Benemérita, que centran el mayor peso de estas irregularidades en el coordinador del centro, un hombre de 46 años al que se le ha impuesto una orden de alejamiento tras ser puesto ayer a disposición judicial en Alicante. No puede aproximarse ni a la residencia ni a los usuarios.

Según detalló la Guardia Civil, la operación se ha saldado con tres detenidos y tres investigados, entre ellos el coordinador, el director, la secretaria y un monitor. Como destacan los investigadores, el coordinador era el responsable «sobre el que recaían la mayor parte de quejas».

Varios testigos dijeron a la Guardia Civil que habían puesto en conocimiento de la dirección de la residencia algunas de las irregularidades, «pero no se ha hallado documentación que acredite medidas para subsanarlas».

Los investigadores atribuyen a todos los sospechosos delitos de trato degradante y vejatorio, lesiones, detención ilegal y encubrimiento «por no denunciar» las negligencias «que conocían».

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ya detectó en 2019 algunas irregularidades en la gestión de la vivienda tutelada Educatea. Fue en una inspección. Si bien no aclararon en qué consisten, aseguran que no tienen nada que ver con malos tratos a residentes. Pero sobrevino entonces la pandemia y los inspectores se pusieron a trabajar con prioridad en todo lo relacionado con las residencias de mayores. Y así pasaron casi dos años sin ninguna intervención.

Ya en marzo de 2021, en concreto el día 24, los funcionarios autonómicos volvieron a poner la lupa sobre el asunto de El Campello para comprobar, en esencia, si dichas deficiencias detectadas se habían subsanado. En definitiva, «para hacer seguimiento del grado de cumplimiento» de dicha inspección anterior.

Y en el transcurso de dicha visita una de las trabajadoras informó a los inspectores de que existía ya una denuncia previa de una familia por supuestos malos tratos. Sin embargo, inciden las mismas fuentes, «en ese momento la inspección no presenció ningún episodio de malos tratos ni evidencias de que se estuvieran produciendo».

Fue a partir de ese testimonio cuando los inspectores comenzaron a indagar mediante una serie de entrevistas con el personal vinculado al funcionamiento del centro. El expediente tras la inspección no finalizó hasta el 28 de mayo y es el que hizo saltar las alarmas a nivel autonómico. Fue entonces cuando Políticas Inclusivas decidió presentar, ya el 1 de junio, una denuncia ante la Fiscalía de Alicante.

Pero por aquel entonces el asunto ya estaba siendo investigando por informaciones externas a la administración autonómica, tras una denuncia particular previa. El caso recayó en manos de un juzgado de Alicante, el de instrucción 8, que abrió diligencias previas.

Según la Guardia Civil, fue ya en noviembre cuando el área de investigación del cuerpo en El Campello recibió las instrucciones del juzgado alicantino de investigar las supuestas irregularidades y comprobar las deficiencias. La operación acabó así con los seis sospechosos a disposición de la justicia: los tres detenidos y los tres investigados.

El presidente de la entidad y un monitor, que también fueron arrestados junto con el coordinador, han quedado libres tras ser interrogados por la Guardia Civil. Pero siguen investigados en una causa judicial abierta por delitos de lesiones, contra la integridad moral y detención ilegal, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).