Una banda envía 250 kilos de cocaína entre las piezas de un helicóptero desmontado

Los narcotraficantes agudizan cada vez más su ingenio para ocultar los alijos de cocaína y eludir los controles aduaneros, pero los agentes antidroga no bajan la guardia. Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria se ha saldado con la incautación de 250 kilos de cocaína que llegaron al Puerto de Valencia camuflados entre las piezas de un helicóptero dentro de un contenedor.

La aeronave fue desmontada en un país de Sudamérica tras ser utilizada en una campaña para prevenir incendios forestales, y el sábado llegó al puerto de Valencia en varios contenedores. Los estibadores llevaron el helicóptero a las instalaciones de APM Terminals Valencia, concretamente a un recinto de acceso restringido y controlado por vigilantes de seguridad.

Según las investigaciones, un miembro de la banda debía de haber sacado la droga del contenedor, pero no lo hizo porque detectó la vigilancia policial o por otro motivo desconocido. El decomiso fue realizado el lunes por la Unidad de Análisis de Riesgo (UAR), un grupo formado por guardias civiles de la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal de Valencia y agentes de la Agencia Tributaria.

En la operación no se produjeron detenciones, como suele ocurrir en la mayoría de envíos de droga con el método del gancho perdido. Este procedimiento delictivo, conocido también como gancho ciego o 'rip-off', consiste en ocultar la cocaína en un contenedor con mercancía legal en el país de origen, sin el conocimiento del exportador ni del importador, para luego retirar la droga en el puerto de destino antes de que el cargamento llegue al final de la ruta.

De este forma, los narcotraficantes pretendían eludir los controles aduaneros en Valencia. Creían que los agentes no registrarían un contenedor con las piezas de un helicóptero, cuyo transporte estaba autorizado. La Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional también participó en la operación. El alijo de cocaína está valorado en 8,5 millones de euros, según una primera estimación de la Oficina Central de Estupefacientes.