La búsqueda de Marta se retrasó al no valorarse el alto riesgo de su desaparición

La búsqueda de Marta Calvo Burón se retrasó cuatro días porque no se valoró el riesgo alto de su desaparición tras la recepción de la denuncia que presentó la madre de la joven en Valencia. Aunque la víctima murió en la madrugada del 7 de noviembre, dos días antes de que la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieran conocimiento del preocupante caso, los agentes que asumieron la investigación no tomaron declaración a la madre de Marta hasta el día 13 de noviembre.

Cuatro días antes, el sábado 9 de noviembre, Marisol Burón acudió a la comisaría de la Policía Nacional del distrito de Abastos para denunciar la extraña desaparición de su hija. Eran las 21.15 horas. Estaba muy preocupada porque el teléfono de Marta llevaba mucho tiempo apagado. La mujer había ido poco antes a un cuartel de la Guardia Civil de un pueblo cercano a Manuel, pero estaba cerrado.

Tras proporcionar los datos de su hija y del hombre con el que había mantenido una cita sexual, con la última ubicación incluso que le había enviado Marta en un mensaje de wasap, decidió esperar un tiempo prudencial para conocer el resultado de las primeras pesquisas policiales.

Esa misma noche, el policía que atendió a la mujer envió la denuncia por correo electrónico a varias comisarías y al Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil, cuerpo que asumió la investigación al haber desaparecido la joven en su demarcación. El lunes por la mañana, un mando de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Valencia asignó el caso al Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sueca.

Al día siguiente, el 12 de noviembre, la madre de Marta llamó por teléfono al cuartel de la Guardia Civil de Villanueva de Castellón, pero un agente le dijo que tenía que hablar con el Equipo de Policía Judicial de Sueca, y hasta el miércoles 13 de noviembre, la mujer no pudo entrevistarse con los investigadores que habían asumido la búsqueda de su hija.

Con el objeto de revisar el protocolo de actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en este caso, la Delegación y Subdelegación del Gobierno mantuvieron varias reuniones con mandos de ambos cuerpos para mejorar la coordinación. En una de ellas, la Policía Nacional informó a la Guardia Civil sobre el caso de una prostituta que había muerto por intoxicación de cocaína en una cita sexual con Jorge Ignacio P. J., el sospechoso de la muerte de Marta, cuando este aún no se había entregado.

Antes de que sus mandos intercambiaran la información oficial sobre la muerte de esta mujer, los investigadores de ambos cuerpos ya se habían coordinado para agilizar las pesquisas policiales. Respecto a la valoración del riesgo de la desaparición de Marta, fuentes de la Delegación del Gobierno señalaron que no se ha detectado ninguna actuación negligente en el protocolo de actuación de los dos cuerpos policiales, pero esto no es óbice «para solicitar información actualizada de las investigaciones y de la coordinación para dictar las condiciones verbales de mejora que procedan».

Entre los datos que permiten presumir la existencia de riesgo para la persona desaparecida se encuentran la contradicción total con su comportamiento habitual, la existencia de indicios de un posible secuestro, retención o extosión o la ausencia de toda explicación posible a la desaparición.

Según informaron las mismas fuentes, los indicadores de riesgo se valoraron con los datos que aportó la madre de Marta en la denuncia, y posteriormente se revisaron también cuando fueron incluidos en el Sistema de Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin identificar (PDyRH), al que tienen acceso tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional.

«Los investigadores han actuado con gran celo y las reuniones que hemos celebrado han sido para mejorar la coordinación, pero eso no quiere decir que no la hubiera o que se hubieran hecho las cosas mal», afirmó el subdelegado del Gobierno en la provincia de Valencia, Roberto González Cachorro. «Hemos revisado el protocolo de actuación y no hay motivo para abrir ningún expediente disciplinario», añadió González.