Dos juzgados que dictan sendas resoluciones totalmente antagónicas y contradictorias. Un niño en manos de un padre dispuesto a ejecutar una cruel venganza contra su ... exmujer por divorciarse. La falta de informes psicosociales adecuados que alertaran de la peligrosa personalidad de José Antonio A. C. Una diabólica combinación de circunstancias que acabó con el niño de 9 años muerto a cuchilladas y con la sociedad valenciana y española presa de la indignación y el dolor por lo ocurrido. Seis meses después de aquel fatídico 3 de abril de 2022, el Consejo General del Poder Judicial rectificó y mejoró la conexión entre juzgados de familia y violencia sobre la mujer. Hoy es posible que los jueces consulten los archivos de ambas causas. ¿Cómo pudo suceder aquel horror?
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Aquel 3 de abril el homicida planeó su crimen con todo lujo de detalles. Lo que fuera por lograr magnificar lo máximo el dolor sufrido por María Dolores, su ex. En el juicio ha confesado su autoría. Sin tapujos. «Le agarré del cuello y lo acuchillé». Justo antes del crimen, como consta en la causa judicial, el parricida incluso llegó a llamar a su ex, apenas un poco antes de matar a Jordi. «Mamá, ¿puedes venir a por mí?», fueron las últimas palabras que escuchó del pequeño una mujer que desde entonces vive presa de un inhumano dolor.
La historia de dolor y tragedia estalló en marzo de 2021. Aunque se fraguó en toda una vida de maltrato y vejaciones. Fue en ese fecha cuando María Dolores huyó con su hijo del domicilio familiar de Sueca. Su marido intentó estrangularla y le puso un cuchillo al cuello. Una dramática premonición de lo que luego haría con Jordi. Madre e hijo se cobijaron en casa de los abuelos maternos, en Cullera. Pero el hostigamiento telefónico no cesó.
En agosto de ese año la justicia movió ficha. Una orden de alejamiento le impidió desde ese instante acercarse o comunicarse con María Dolores. El devenir de los acontecimientos demostró que no fue así. Y sin remedio ya para la vida del pequeño Jaime. Días antes del crimen, José Antonio A. C. empezó a llamar de manera obsesiva a su mujer. El niño acababa de cumplir 11 años y el hombre insistía para que la madre lo llevara a comer a casa. La descoordinación entre dos juzgados sembró el terreno para el desastre. Mientras un juzgado de Violencia sobre la Mujer dictaba la condena por maltrato, otro de Familia (un mes después) establecía un régimen de custodia compartida para el matrimonio. Algo que nunca debió pasar y que abrió la puerta a la tragedia.
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Aquel fatídico 3 de abril de 2022, María Dolores llevó a su hijo a casa de su ex. Lo dejó en la calle y esperó a que subiera a casa de su antiguo marido. «Sí que está», fueron las últimas palabras del menor a su madre, como recoge la calificación fiscal, expresión del pequeño al ver que su padre estaba en el domicilio. Apenas unas horas después se convertía en su verdugo.
Medio año después, en septiembre de 2022, el Consejo General del Poder Judicial mejoró la conexión entre juzgados. «Hoy en día todos los juzgados de Familia tienen acceso o están conectados al SIRAJ (Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia), lo que les permite consultar si existen procedimientos penales de violencia machista, sentencias, medidas cautelares, órdenes de alejamiento, etc. antes de tomar decisiones en el ámbito de las demandas de disolución matrimonial», han asegurado este martes desde el CGPJ.
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La circular del Poder Judicial estableció: «Comunicar a los presidentes de los tribunales superiores de justicia la conveniencia de promover, en el ámbito de sus respectivos territorios, que todos los juzgados del orden civil con competencia en materia de familia soliciten al Ministerio de Justicia el acceso al SIRAJ o, en su caso, su activación al objeto de poder consultar, con carácter previo a resolver la admisión de la demanda, al dictado de una sentencia o auto por el que se apruebe un convenio regulador y a la resolución de las medidas solicitadas, la posible existencia de un procedimiento penal, penas o medidas cautelares, que tenga incidencia en su resolución».
Días después del crimen y de la polémica, la entonces consellera de Justicia, Gabriela Bravo, reconoció en una entrevista exclusiva a LAS PROVINCIAS la reflexión y conmoción tras lo sucedido. «No sé si podíamos haber evitado la muerte del niño, pero podemos analizar bien los procedimientos y la falta de recursos para cambiar. Debemos reunirnos, sentarnos todos y tomar decisiones. ¡Pero todos! A un juez no puedes invadirle su propia independencia judicial pero yo creo que sí sería importante sacar recomendaciones. Ante un hecho así no puedo estar satisfecha de mis recursos ni de nada porque siento que no ha sido útil», sostuvo la entonces consellera.
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A raíz de la muerte de Jordi a manos de su padre, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó varias medidas para evitar la descoordinación entre los juzgados de violencia sobre la mujer y los de familia. Entre estos supuestos también se incluye que el SIRAJ disponga de un sistema de alerta que avise a los juzgados de familia de forma inmediata y autonómica en caso de que existan resoluciones penales que afecten al proceso civil sin que haya necesidad de realizar consultas sucesivas y reiteradas. La aplicación de esta medida depende de cada autonomía aunque como han informado desde el CGPJ, en la Comunitat Valenciana ya está en marcha.
Otro de los protocolos que está en marcha es comunicar al Ministerio de Justicia, a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas y al Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica (CTEAJE) la necesidad de establecer mecanismos que permitan la plena interconexión digital entre los órganos judiciales. Además de que los juzgados de orden civil puedan acceder de manera ágil al contenido de las resoluciones penales gracias al SIRAJ.
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