Cinco detenidos por ocupar ilegalmente pisos y extorsionar a sus dueños en la Comunitat

La Policía Nacional ha detenido en Orihuela (Alicante) a cinco presuntos miembros de una banda dedicada a ocupar ilegalmente viviendas en venta o en alquiler y extorsionar luego a sus dueños, a los que pedía entre 2.000 y 6.000 euros para marcharse, ha informado la Comisaría Provincial.

Incluso, la organización causaba problemas de convivencia con los vecinos para aumentar la presión.

La investigación arrancó a principios de este año, tras presentarse las primeras denuncias en la Policía Nacional de Orihuela.

Los delincuentes buscaban pisos que estuvieran en venta o en alquiler y accedían a ellos usando la fuerza, dejando siempre en el interior de la vivienda a algún miembro de la organización.

Seguidamente se ponían en contacto con el propietario a quien exigían una suma de dinero en metálico -entre 2.000 y 6.000 euros- a cambio de abandonar la casa. Según fuentes policiales, no dudaban en amenazar a la víctima o a su familia. En ocasiones, empleaban la violencia para que pagasen.

El cabecilla del grupo era el encargado de negociar con los dueños la cantidad de dinero y el cumplimiento de lo exigido para marcharse de la casa, «precio» que era más alto si el perjudicado deseaba recuperar su propiedad en buen estado, han indicado las mismas fuentes.

Para ello, dejaba colgado en la puerta de entrada de la casa un papel con su nombre y su teléfono móvil de contacto.

Los miembros de la banda, que se desplazaban desde Tarragona, hacían también «la vida imposible a los vecinos de los inmuebles colindantes y se comportaban de manera incívica para presionar, crear malestar y hacer más imperiosa la necesidad de su marcha», según fuentes policiales.

Pese a la declaración de estado de alarma por la crisis sanitaria de la Covid-19, los delincuentes no cesaron en su actividad y algunos de ellos fueron sancionados administrativamente por el incumplimiento de las medidas de confinamiento.

Los arrestados, todos ellos de nacionalidad española, de entre 20 y 40 años, contaban con numerosos antecedentes por hechos similares en otras localidades españolas y han sido puestos a disposición judicial, acusados de extorsión, usurpación, estafa y pertenencia a organización criminal.