Las compañías exigen penas de prisión en vez de multas

El informe del Observatorio del Civismo en el Transporte Ferroviario ante la realidad de los grafiteros contiene también críticas al sistema judicial. Y un paquete de propuestas. Consideran «contradictoria la progresiva despenalización de este fenómeno delictivo, degradado primero de daños a deslucimiento de bienes, para finalmente desaparecer del Código Penal en su última reforma».

Entre sus pautas para intentar atajar el problema apelan a una necesidad: «Homogeneizar el criterio de protección de los medios de transporte ferroviario por parte de los diferentes poderes y administraciones». Pero quizá su súplica más rotunda es la de la reforma legal, es decir, «tipificar un nuevo ilícito penal específico para los daños en transportes atendiendo a su impacto social, ambiental y económico». Las penas contra los grafiteros «suelen ser sólo de multa e indemnización y para los casos más graves habría que contemplar la prisión», aseguran desde FGV,

Esta es su reflexión: «Un grafiti en un tren no es un deslucimiento, sino un daño cuyos efectos requieren más que su mera limpieza». Por eso el sector considera fundamental «estrechar la colaboración en la investigación policial con el máximo apoyo de la Fiscalía para que los vándalos sean condenados y sancionados de acuerdo con la gravedad de los hechos cometidos».

El Observatorio incide en lo que consideran otra asignatura pendiente contra los grafiteros: «Dar a conocer la realidad del fenómeno del vandalismo ferroviario a la opinión pública, pues no es una expresión artística, sino una actividad delictiva organizada, vandálica, agresiva y multirreincidente».