La Comunitat Valenciana supera el medio millar de ocupaciones ilegales este año

La Comunitat Valenciana ha superado ya este año el millar de ocupaciones ilegales de viviendas y las denuncias de afectados crecen por encima del 14% respecto al año pasado. Así lo ha expuesto hoy María José Catalá, presidenta del PP en la ciudad de Valencia tras reunirse este lunes con el fiscal jefe de Valencia, José Francisco Ortiz, para abordar el problema en compañía del senador popular Fernando de Rosa.

Los datos, solicitados por el partido al Ministerio del Interior, son contundentes y revelan el gran volumen de ocupaciones ilegales durante los meses de confinamiento por la pandemia del coronavirus, con ejemplos tan sangrantes como los ya denunciados por LAS PROVINCIAS en Calicanto, Dénia o la ciudad de Valencia.

En concreto, la región pasa de las 496 denuncias por este delito en el primer semestre de 2019 a 566 en el mismo periodo de este año. Es un incremento del 14%. A tenor de los datos gubernamentales recogidos por el PP, el problema es especialmente acuciante en la provincia de Valencia, donde el número de ocupaciones ilegales pasa de 257 a 333 en el primer semestre del año. Es un aumento del 29%, según Catalá, que ha destacado al término del encuentro que la provincia de Valencia acumula el 60% de las denuncias en toda la región.

Los populares quisieron conocer la cantidad de ocupaciones ilegales en la ciudad de Valencia, pero el Ayuntamiento no aportó datos. «La solución directa de estas situaciones no es competencia municipal», fue parte de la respuesta del consistorio a la consulta del PP. Ante el problema, el partido propone una oficina municipal contra las ocupaciones ilegales, un teléfono único «similar al 112» para vecinos afectados y que las comunidades de propietarios tengan, al igual que los particulares, capacidad para denunciar los casos que les afecten.

Según criticó Catalá, «de las 400 viviendas municipales del Ayuntamiento de Valencia para uso social, casi la mitad, 209, están vacías, y 151 están pendientes de rehabilitación». Asegura la popular que el consistorio «sólo realizó 16 adjudicaciones de alquiler social el año pasado» y cifró en «más de un millar» la cantidad de solicitantes de vivienda en lista de espera.

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