La Audiencia ratifica una histórica condena por maltrato animal a los propietarios de una tienda de mascotas de Valencia

El fallo recoge cómo, entre 2014 y 2016, los propietarios, tres socios que se repartían la gerencia del establecimiento, se dedicaron a recibir varias camadas de perros de diferentes razas provenientes de Eslovaquia. Las mascotas, todas de reducido tamaño, viajaban por carretera hasta Valencia en condiciones de insalubridad. Cuando los perros llegaban a la ciudad ya habían desarrollado enfermedades que llevaban incubando desde su tierra natal.

Los condenados también evitaban que los animales pasaran una cuarentena antes de venderlos. Se trataba de obtener un beneficio de forma inmediata. Los clientes desconocían el origen de las mascotas y también la edad real de los ejemplares. Los propietarios certificaban en documentos como la cartilla de vacunación, en ocasiones con la colaboración de veterinarios, que los perros tenían menos de tres meses

Una vez recibían las camadas los ponían en venta enseguida. Eso sí, les ocultaban a los compradores la procedencia real de los perros y también les engañaban respecto a su edad y los hacían pasar por perros nacionales. Toda la trama estaba perfectamente orquestada. Los condenados acompañaban la entrega de los perros junto a una cartilla de vacunación en la que cambiaban la edad de las mascotas ya que los datos no coincidían con sus pasaportes eslovacos. Todo con tal de asegurarse su transporte internacional.

Además, los perros tenían las vacunas puestas antes de la edad recomendada o directamente venían sin vacunar. Así lograban engañar a los clientes que pensaban que estaban comprando una mascota de origen español y correctamente vacunada. El precio por cada uno de los perros era superior a 400 euros. Nada más llegaban los animales a sus respectivos hogares empezaban a desarrollar enfermedades. Los dueños de la tienda les remitían a clínicas veterinarias pero hacían que los compradores se hicieran cargo de todos los gastos médicos sin asumir su responsabilidad.

Las condiciones de la tienda eran deficientes. Almacenaban a cientos de cachorros en vitrinas o boxes minúsculas. Amontonados. Entre ellos se iban transmitiendo las enfermedades. El lugar en el que los tenían guardados tampoco cumplía con condiciones sanitarias para absorber los vómitos, orina y heces. Algunos perros se vendieron ya estando medicados y a otros les suministraban el tratamiento directamente en la tienda, según da por acreditado la Audiencia. Sin tener ningún tipo de permiso o calificación de hospital veterinario o clínica. Les ponían ellos mismos vías y goteros pero como no sabían atender a los animales muchos de ellos murieron en pésimas condiciones .

Por ejemplo, uno de los denunciantes compró un cachorro de bulldog francés por 900 euros. Al día siguiente de llevárselo a casa, el perro empezó a mostrar sintomatología propia del coronavirus y parvo virus. Los gastos veterinarios ascendieron a 800 euros, aunque el animal terminó muriendo por las condiciones en las que se encontraba. No es el único caso. Otros siete compradores denuncian que sus perros murieron y que los propietarios de la tienda de los horrores de Valencia se los entregaron muy enfermos.

El tribunal ha ratificado la existencia de delitos de maltrato animal, falsedad en documento oficial y mercantil y estafa. Se trata de una de las mayores condenas por maltrato animal conocidas hasta la fecha en España. El fallo puede ser recurrido al Tribunal Supremo, pero las posibilidades de éxito son escasas.

El fiscal Eduardo Olmedo y la letrada Ana Cal, que representaba a varios compradores afectados, han ejercido la acusación. Olmedo ha considerado el fallo "ejemplar" y ha subrayado que la contundencia de la condena resulta inédita hasta ahora en España. El responsable del ministerio fiscal ha destacado el trabajo de la Guardia Civil y de los técnicos del Ayuntamiento de Valencia, pero ha lamentado "los cientos de animales que murieron durante los traslados".

Además de tener que cumplir seis años de prisión asumirán una multa de 10 meses con cuota diaria de 15 euros por el delito de falsedad documental. Como responsabilidad civil tendrán que abonar más de 8.000 euros a los afectados.