Confirman la condena de 22 años de prisión para el profesor de Criminología que asesinó a su novia en Valencia

La Sala de lo Civil y Penal ratifica la sentencia dictada, el pasado 6 de junio, por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia después de que un jurado popular emitiera un veredicto de culpabilidad de Alberto Luján Hernández. La víctima, que tenía 30 años, murió tras recibir 30 cuchilladas y varios golpes con piedras.

El tribunal de la Audiencia de Valencia declaró al exprofesor universitario autor de un delito de asesinato con la concurrencia de la circunstancia agravante de género, y le impuso el pago de una indemnización de 77.777 euros para la madre de la víctima, y de 22.222 euros para la hermana por los daños morales, unas indemnizaciones que mantiene el Tribunal Superior de Justicia.

El penado era profesor asociado de la Universitat de València y daba clases en las carreras de Derecho, Criminología y el doble grado. Además, es especialista en derecho de familia, laboral y penal.

La defensa del condenado recurrió en apelación la sentencia de la Audiencia de Valencia y solicitó al Tribunal Superior de Justicia que la revocara para apreciar en su conducta «la eximente incompleta de trastorno mental transitorio o, alternativamente, la atenuante de obcecación, entre otras alegaciones».

No obstante, la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal autonómico ha desestimado esas pretensiones al entender que no concurre error probatorio alguno en la sentencia recurrida, ni tampoco infracción de ley ni de precepto constitucional. La sentencia de apelación puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Según los magistrados, la decisión del jurado de declarar que el condenado conservaba intactas sus facultades mentales en el momento de cometer los hechos se basó en una «abundante y detallada información pericial psicológico-psiquiátrica» durante el juicio, por lo que «no se revela arbitraria ni injustificada».

En cuanto al ensañamiento, que fue apreciado por la Audiencia Provincial de Valencia de conformidad con el veredicto del jurado y que el penado también impugnó, el Tribunal Superior de Justicia señala que los hechos probados revelan una conducta y voluntariedad de causar daños «innecesarios y de modo inhumano por lo innecesario de un número tan elevado de actos lesivos para provocar la muerte».

Alberto Luján utilizó tres cuchillos de grandes dimensiones, dos de ellos de 19 y 20 centímetros de hoja, tres piedras y unas tijeras para golpear y acuchillar a la víctima. La Policía Científica encontró las armas blancas en la misma habitación donde el profesor universitario (en aquel entonces) cometió el crimen. La defensa sostenía que la víctima no sufrió pese a las 30 puñaladas que recibió, porque estaba inconsciente tras el primer golpe que sufrió en la cabeza con una piedra.

La Sala también estima también adecuada la aplicación de la agravante de género que recoge la sentencia apelada, ya que declara probado que la muerte de la joven constituyó un acto de violencia de género «dentro de la violencia sufrida por las mujeres por el hecho de serlo». El condenado y la víctima mantenían desde el mes de septiembre de 2021 una relación sentimental sin convivencia, pero ella dormía algunas noches en la vivienda de él.

Según los hechos declarados probados por el jurado popular y plasmados en el fallo de la Audiencia Provincial de Valencia, durante la madrugada del 3 de diciembre de ese año, Alberto Luján decidió que Cristina debía morir si no quería estar con él. Pensaba que su novia le dejaría por no ser demasiado bueno para ella.

Atacó a su pareja cuando dormía y la golpeó con una piedra en la cabeza y la cara. La víctima quedó aturdida como consecuencia de los primeros golpes, lo que aprovechó el penado para apuñalarla después en múltiples ocasiones con dos cuchillos y unas tijeras de forma «despiadada, cruel e inhumana con la intención de, además de matarla, causarle un sufrimiento innecesario», según la sentencia.

Instantes después, la asfixió con el cinturón de un batín que le colocó alrededor del cuello para asegurarse de su muerte. La mujer falleció desangrada por las heridas de arma blanca y asfixiada por la comprensión del cinturón.

La hermana de la víctima, extrañada al no tener noticias de ella, presentó una denuncia en una comisaría de Madrid para que la Policía investigara su desaparición. Poco después, un hermano del asesino y la madre de Cristina se desplazaron al domicilio del hombre ahora condenado para preguntarle si sabía dónde estaba su novia. Y fue entonces cuando descubrieron el cadáver en el ático, concretamente en el número 33 de la calle Conde Altea.

Horas después, la Policía Nacional detuvo a Alberto Luján en el Hospital Doctor Peset, donde se encontraba ingresado por las lesiones que sufrió en sus tobillos al caer por el deslunado del edificio poco después de cometer el asesinato.

La Policía sospecha que Alberto se descolgó de noche por el patio de luces para que los vecinos no lo vieran salir del piso. El asesino sabía que había una cámara de vídeo en el portal del edificio y no quería ser grabado.

En un primer momento, el inculpado declaró que se había precipitado de forma accidental cuando se descolgaba por la tubería del patio de luces para robar en un restaurante, pero después dio a entender a los agentes que se había intentado suicidar.