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El 24 de noviembre de 1999, un año después de su confesión, Joaquín Ferrándiz Ventura se sentó en el banquillo de los acusados por el asesinato de cinco mujeres en Castellón, entre ellas, Sonia Rubio. «Ferrándiz siente 'horror' por sus crímenes», tituló LAS PROVINCIAS. En la imagen, aparecía el homicida cabizbajo y tapándose la cara. Arrancaba un juicio mediático que se iba a prolongar durante 17 días. Largas sesiones que se siguieron con atención en este periódico y que llegaron a su fin el 10 de diciembre.
«Joaquín Ferrándiz ya lo ha dicho dos veces (septiembre y octubre de 1998) y no quiso repetirlo ayer ante el tribunal que tendrá que dictar su sentencia: él mató a Sonia Rubio, Natalia Archelón, Mercedes Vélez, Francisca Sales y Amelia Sandra García, y lo hizo porque le empujaba un sentimiento de odio hacia las mujeres que no podía controlar. Tampoco quiso repetir que sentía 'horror' por sus crímenes y que jamás olvidará los gritos de su primera víctima mortal, Sonia. A todas las estranguló con sus propias manos, sin exigirles previamente una relación sexual», comenzó relatando Teresa Laguna, enviada especial del diario. El asesino en serie, juzgado por la sección segunda de la Audiencia de Castellón, no quiso contestar a ninguna pregunta: «Con total control de la situación, informó a la sala de su deseo, y después se evadió».
El artículo diseccionó la actitud del acusado: «Durante la hora y media que duró ayer la lectura de conclusiones de las seis partes personadas en este proceso, Joaquín Ferrándiz no levantó la vista del suelo. De hecho no la levantó durante toda la sesión, excepto cuando fue llamado por el presidente para que afrontase el interrogatorio del fiscal, al que él se negó. Dijo su nombre, su edad (titubeó si decir 35 ó 36) y su profesión: 'últimamente era autónomo'. Y sólo añadió: 'No estoy de acuerdo con las conclusiones del fiscal ni con las de las acusaciones. No contestaré a ninguna pregunta más'».
También se detuvo en la «ropa informal» que eligió Ferrándiz para la ocasión: pantalón vaquero barato, suéter acrílico ligeramente jaspeado en tonos tierra y cenefa alpina y zapatos negros: «Se colocó en el centro del banquillo de los acusados y respiraba tranquilo, acompasadamente, mientras con la punte del pie tamborileaba silenciosamente el suelo durante horas, metódicamente».
Llamó la atención la declaración de un guardia civil, quien explicó que una monja de Vall d'Uxó había denunciado que Ferrándiz le había perseguido y amenazado en varias ocasiones llegándole a decir: «Tienes mucha suerte de no salir por las noches».
En la segunda sesión, declararon 18 testigos, entre amigos de Sonia y amigos de Ferrándiz. El asesino fue descrito como «un chico reservado y callado». También repasaron algunos episodios violentos e hicieron referencia a su elevado consumo de alcohol pese a que no se le notara. Una compañera de las tres prostitutas asesinadas apuntó que Ferrándiz frecuentaba las zonas en que trabajan y que protagonizó algunos incidentes por negarse a pagar.
En la tercera jornada, se vivieron momentos de máxima tensión dentro de la sala. El padre de Amalia Sandra, la última víctima mortal, trató de agredir a Ferrándiz tras testificar: «Hijo de puta, te voy a matar». Resultó escalofriante la reconstrucción realizada por Lidia M. sobre la agresión que sufrió cuando Ferrándiz intentó estrangularla.
Los miembros de la Guardia Civil que se trasladaron de Madrid a Castellón para participar en el seguimiento a Joaquín Ferrándiz expresaron el pánico que les suscitaban los cambios de comportamiento del acusado. «No he pasado más miedo en mi vida, pues la cara desencajada y la mirada sádica de Ferrándiz cada vez que se acercaba a una chica nos hacía pensar que en el momento en que le perdiéramos de vista podría haber otro asesinato», declaró el responsable del equipo de la UCO.
El 'caso Ferrándiz' contaba con numerosas aristas. Fue condenado el 24 de mayo de 1990 a 14 años de cárcel por una violación, pero el 4 de abril de 1995 obtuvo la libertad condicional y, entre julio de aquel año y julio de 1998, asesinó a cinco jóvenes e intentó matar a otras dos, según el fiscal, que consideraba al Estado responsable civil subsidiario por no haber controlado lo suficiente al acusado. Los miembros de la comisión de seguimiento, en cambio, le consideraron «totalmente reinsertado». Por su parte, el director de la empresa de seguros Winterthur, donde trabajaba Ferrándiz, subrayó su comportamiento «normal, servicial y positivo en todos los aspectos».
A lo largo de las diferentes sesiones del juicio, declararon más de cien guardias civiles, policías, funcionarios de prisiones, forenses, psicólogos, familiares y amigos del acusado y de las víctimas, así como las dos mujeres que sufrieron las últimas agresiones. Además, estaban citadas la víctima de la violación por la que Ferrándiz fue condenado en 1990, así como la madre y el hermano del acusado, aunque no acudieron.
Fue descrito como un preso «modélico». Mientras tanto, el psicólogo y el forense que examinaron a Ferrándiz discreparon sobre la personalidad del sujeto, ya que el primero lo calificó de psicópata y el segundo de enfermo mental. Según el forense Mario Ventura, Ferrandiz se define a sí mismo «como un enfermo», porque tiene interés «en estar socialmente admitido».
El fiscal y las acusaciones particulares pedían 163 años de prisión, y 206 millones de pesetas de indemnizaciones. En cambio, la defensa se limitaba a diez años y medio. El 11 de diciembre de 1999 se celebró la última sesión y el juicio quedó visto para sentencia. La letrada de Ferrándiz, Rosa Edo, dijo en su informe que no existían pruebas contra el acusado más que su autoinculpación y presentó el consumo de alcohol como atenuante.
El 13 de enero del año 2000, la Audiencia Provincial de Castellón condenó a Joaquín Ferrándiz a 69 años de prisión por las cinco muertes y por un delito de asesinato en grado de tentativa sobre Lidia M. El procesado, además, debía indemnizar a los familiares de las víctimas con 132 millones de pesetas puesto que el juez desestimó la responsabilidad civil subsidiaria del Estado. La ley, en cambio, sólo permitía el cumplimiento máximo de 25 años.
El magistrado de la sección segunda de la Audiencia de Castellón, José Luis Antón, no incluyó la obligatoriedad de que se sometiera a un tratamiento psicológico y rechazó el atenuante de embriaguez. El texto de la sentencia incidió en el modus operandi, puesto que las víctimas subieron voluntariamente al vehículo del condenado y cuando éstas se encontraban confiadas les ataba las manos para evitar que se resistieran y las estrangulaba.
«Mientras, Joaquín Ferrándiz vivía ayer una jornada normal. Se levantó a las ocho y media y desayunó en su celda del módulo de aislamiento. Fuentes de la prisión de Castellón aseguraron que cada vez habla menos'», apuntó el artículo de LAS PROVINCIAS. Posteriormente, el asesino mostró su «indignación» al conocer el contenido de la sentencia por no incluir la necesidad de aplicarle tratamiento psicológico. Así se cerró uno de los episodios más macabros de la crónica negra de España.
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Equipo de Pantallas, Leticia Aróstegui, Oskar Belategui, Borja Crespo, Rosa Palo, Iker Cortés | Madrid, Boquerini, Carlos G. Fernández y Mikel Labastida
Jon Garay y Gonzalo de las Heras
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