El dueño del museo de animales disecados denuncia una mano negra: «Yo no soy un contrabandista»

Mientras la Fiscalía de Medio Ambiente y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil continúan realizando pesquisas, Ros recaba documentos sobre los 1.090 ejemplares confiscados, 405 de ellos de especies protegidas, valorados en más de 30 millones de euros.

«Estamos en una fase en la que nuestros abogados están trabajando para que no haya una investigación penal si antes no la hubo administrativa», asegura el empresario. «Yo no soy el dueño de todas las piezas. Dicen que como soy el propietario catastral también lo soy de toda la colección, y eso no es así. Una parte es de mi hermano», explica Ros.

Respecto a la investigación que inició el Seprona tras recibir una información reservada, el empresario señala que no ha sido un chivatazo. «Mi padre siempre enseñó con orgullo su colección a sus amigos, políticos, empresarios. Muchas personas han visto los animales en nuestra casa y en la tele, porque también han venido periodistas y nunca hemos escondido nada. Un chivatazo es cuando alguien informa de algo que otro no quiere que se sepa, y eso no ha ocurrido», asegura.

«Hemos sido víctima de una mano negra. La Guardia Civil vino cuando estábamos preparando la liquidación de bienes y viendo cómo hacíamos el traslado de la parte que le corresponde a mi hermano», añade Ros.

La operación 'Valcites' está considerada la mayor incautación de animales disecados en España y una de las más grandes de Europa. En el registro del museo clandestino participaron inspectores y técnicos del Seprona, así como veterinarios y biólogos para identificar las especies protegidas. Los agentes de la Guardia Civil también se incautaron de un sofá y 20 sillas fabricadas con piel de cocodrilo, unos muebles que se encontraban en el domicilio del empresario.

«Yo solo cacé tres animales en Mozambique, un leopardo, un sable y un kudú, y esas piezas están documentadas. Todos los animales que tenemos fueron cazados de forma legal en safaris con sus permisos. El elefante es muy antiguo. Fueron muchos estibadores a verlo cuando llegó al puerto en un contenedor», recuerda Ros.

Tras el registro de la finca del empresario en Bétera, la Guardia Civil confiscó 405 animales disecados de los cinco continentes con diversos niveles de protección como el guepardo, leopardo, león, lince, oso polar, pantera de las nieves y rinoceronte blanco. Los agentes del Seprona tendrán que analizar la documentación que el propietario del museo ilegal ha anunciado que aportará para justificar la tenencia de las piezas incautadas.

«Mi problema en estos momentos es que estoy imputado penalmente por algo que yo no hice y por conservar el legado de mi padre», asevera el empresario. «Y encima el mantenimiento del pabellón de caza me cuesta cincuenta mil euros al año entre el seguro, la limpieza y los aparatos de aire acondicionado para mantener la temperatura por debajo de los dieciséis grados», añade.

Pese a la investigación abierta por los delitos de contrabando y contra la flora y la fauna, Ros no desiste del empeño de su padre. «El sueño de mi padre era que todos los valencianos pudieran disfrutar de su museo de animales, y por eso hicimos la ampliación de la nave, pero tenemos el problema de la documentación. Una parte está registrada en los organismos de la Administración y la otra se encuentra entre miles de documentos que guardamos de muchos asuntos», sostiene el empresario.

La tenencia de animales disecados sin acreditar su procedencia supone la comisión de un delito relativo a la protección de la flora y la fauna. El convenio CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre), que fue firmado en 1973 por 21 países y al que España se adhirió en 1986, establece una serie de controles del comercio de especies amenazadas y exige permisos oficiales para la tenencia de ejemplares vivos o disecados. También fija un plazo para legalizar la posesión de los mismos en el caso de que estuviera permitida su caza, por ejemplo, antes de que entrara en vigor el convenio.

Cuando la jueza de Llíria termine la instrucción de la causa, los investigadores consideran que los ejemplares naturalizados sin documentación podrían trasladarse a museos de ciencias naturales de España o donarse a una institución, sin fines de lucro, para su conservación, estudio y exposición al público.