El juez ordena un tercer análisis de la moqueta que envolvía los cadáveres de las niñas de Alcàsser

El análisis de la moqueta se realizará en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y por ello el magistrado ha ordenado ya el traslado a Madrid de la pieza de convicción, que se encuentra en una estantería del almacén judicial de Ribarroja con otras pruebas del caso.

El primer estudio fue practicado por los forenses del Instituto Anatómico Forense de Valencia en 1993, y el segundo lo realizó el polémico catedrático de Medicina Legal Luis Frontela, perito de la acusación particular, quien detectó posibles restos de semen o sangre en varias muestras, pero luego se quejó de que no había tenido tiempo suficiente para realizar las pruebas confirmatorias ni para intentar obtener ADN.

Frontela aseguró que había detectado las manchas con un aparato portátil que proyectaba luz láser de alta potencia, y que en esa época sólo lo utilizaba Scotland Yard, aunque en el juicio contra Miguel Ricart –el único condenado por el triple crimen–, no pudo ratificar las conclusiones de sus pruebas orientativas.

La moqueta permaneció en paradero desconocido durante varios meses hasta que el perito anunció en los medios de comunicación que la tenía en su laboratorio y que había encontrado posibles restos de semen y sangre. Frontela hizo esta revelación días antes de que comenzara el juicio.

El nuevo estudio científico de los trozos de papel hallados en la fosa se realizará en un laboratorio privado de análisis documental y forense. Los especialistas tratarán de revelar las impresiones de tinta que no pudieron descubrir los investigadores de la Guardia Civil con las técnicas de documentoscopia que utilizaban en los años 90.

Según un informe del Centro de Investigación y Criminalística de la Guardia Civil, los trozos de papel con restos de tinta podrían pertenecer a la entrada de una discoteca o un billete de autobús, aunque no pudieron revelar el texto impreso, y estaban apelmazados y endurecidos tras haber sido introducidos en una prenda de vestir y luego lavados.

La Asociación Laxshmi para la Lucha contra el Crimen y la Prevención, que se personó como acusación popular en el caso Alcàsser, considera que el segundo análisis autorizado ahora por el juez David Cabrera «tiene una importancia contextual en cuanto a que, si se tratara de una entrada a la discoteca Coloor, por ejemplo, aportaría información extra a las circunstancias que rodearon el crimen, pero no es una prueba directamente vinculada a la posibilidad de localizar a Antonio Anglés».

La directora del laboratorio privado Signe ya ha confirmado que realizará el estudio sin coste alguno para la acusación popular. La Guardia Civil no halló ninguna evidencia de texto manuscrito cuando analizó los trozos de papel en 1994 tras someterlos a radiaciones con rayos ultravioleta para excitar luminiscencias.

Sin embargo, el Centro de Investigación y Criminalística de la Guardia Civil concluyó en su informe que eran restos «de papel tipo cartulina usado para billetes de autobús o entradas de discotecas o cines». Los especialistas del instituto armado tuvieron que humedecer los papeles para desplegarlos poco a poco y analizar posteriormente la tinta.

El magistrado David Cabrera, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira, recibió el traspaso de la causa a principios de este año tras los cambios de destino aprobados por el Consejo General del Poder Judicial.

Como ya informó LAS PROVINCIAS, la asociación Laxshmi ha presentado hasta siete informes en el juzgado para solicitar nuevas pruebas de ADN con el objeto de «corroborar la participación del fugado Antonio Anglés» en el triple crimen y «esclarecer las circunstancias que rodearon» el caso.

La acusación popular que ejerce el criminólogo y perito Félix Ríos, presidente de la asociación Laxshmi, solicitó que los biólogos analizaran medio centenar de muestras y pelos hallados en la ropa de las niñas, la fosa y los coches de Antonio Anglés y Miguel Ricart.

Estas pruebas fueron descartadas en los años 90 tras realizar una selección en el laboratorio en función del estado de los pelos (si estaban cortados o tenían raíz) y las técnicas de extracción de ADN.

El objeto de estos nuevos análisis es demostrar con pruebas genéticas la participación de Anglés en el triple crimen, y cotejar también las posibles muestras de ADN que obtengan los biólogos con los perfiles genéticos de tres amigos y dos hermanos del fugitivo buscado como autor material de los asesinatos. La Guardia Civil investigó a los cinco individuos, pero no halló ninguna prueba que pudiera relacionarlos con las violaciones y crímenes de las niñas.

El juez instructor de la causa en los años 90, el magistrado José Miguel Bort, resaltó en un auto «la absoluta inexistencia en todo el procedimiento del más elemental indicio o apariencia» de que alguno de los investigados (Roberto A., Luis R., José Miguel M. y Ramón Antonio L. ) hubiese podido tener «participación o conexión» con las violaciones y asesinatos de las niñas. Respecto a Mauricio Anglés, el magistrado aseveró que los elementos reveladores de su supuesta participación en los hechos «son de escasísima fuerza y fiabilidad».

Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que condenó a Ricart a 170 años de prisión, el procesado y el fugitivo Antonio Anglés pudieron actuar en compañía, "posiblemente de alguna otra persona más", cuando raptaron a las tres niñas, pero nunca se pudo demostrar la implicación de un tercer individuo en los hechos.