El Defensor del Pueblo investigará el caso de Castellón

A la investigación del Gobierno sobre posibles errores en la valoración de riesgo del doble parricida de Castellón se suma ahora la del Defensor del Pueblo. Francisco Fernández Marugán ha iniciado una actuación de oficio. Se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la Fiscalía General del Estado solicitando información sobre la denuncia por violencia de género en el ámbito familiar y quiere saber si se había adoptado una orden de alejamiento de las menores.

Además, ha pedido conocer si existía valoración del riesgo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a quién se había comunicado la estimación. Era bajo y fue uno de los factores que llevó a la jueza de violencia de género a denegar el alejamiento que urgía la madre de las niñas asesinadas.

Mientras, el presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, José Manuel Marco, defendió la «profesionalidad» de la magistrada en la que recayó el caso. Y recalcó: «Sería bueno que cada uno asumiera su cuota de responsabilidad y la llevara sin ocultarla».

Según el relato de los hechos judiciales, la madre de las niñas presentó una denuncia por amenazas el 24 de febrero. Refirió haber escuchado al hombre frases tan terribles como «ve despidiéndote, me voy a cargar lo que más quieres» o «ya estás sentenciada». El juzgado de guardia celebró una vista y ella pidió «la suspensión del régimen de visitas», a lo que el fiscal se opuso «sin pedir orden de alejamiento». Según Marco, «podría haberlo hecho».

A los tres días, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer volvió a citar a los afectados. En esa ocasión, fiscal y víctima solicitaron un alejamiento de 250 metros, entre otras medidas. La jueza se lo denegó y «a partir de ahí la Fiscalía fue de la mano» de la magistrada, pues «se opuso al recurso que presentó la madre». El 6 de abril se dio curso al recurso de apelación interpuesto por la madre y «nuevamente se opuso el fiscal al recurso».

Más allá de la medida cautelar, la instrucción de las supuestas amenazas siguió. Pero en mayo se archivó el asunto. El fiscal pidió el sobreseimiento, la madre se adhirió y «la causa penal murió», según Marco. «La Fiscalía se ha pronunciado cuatro veces y sólo ha pedido protección una vez», apuntó.

La separación de la pareja evolucionaba inicialmente bien hasta el impago de 1.200 euros de varias cuotas que se materializó a finales de agosto, lo que desembocó en el embargo judicial de las cuentas del presunto parricida. El Observatorio del Consejo General del Poder Judicial también va a hacer una revisión del caso, un procedimiento habitual en episodios con víctimas fallecidas.