S. V.
Valencia
Viernes, 29 de noviembre 2024, 19:35
Cuatro casos de violencia sexual contra trabajadoras penitenciarias se han registrado en los últimos diez días por parte de reclusos, lo que evidencia una preocupante realidad en las prisiones españolas, según fuentes del sindicato ACAIP-UGT.El incidente más grave ocurrió el pasado viernes en el Centro Penitenciario de A Lama, donde una funcionaria fue agredida sexualmente por un interno. Sin embargo, este no es un caso aislado.
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En la prisión de Sevilla I, un interno amenazó a una funcionaria con frases como: «Puta, a mí no me manda una mujer», y aseguró que le reventaría la cabeza y la mataría. En Alicante II (Villena), otro recluso profirió graves amenazas de violencia sexual hacia una trabajadora en presencia de otros internos, utilizando expresiones explícitas como: «Eres una guarra, solo voy al baño a follar contigo, que te voy a demostrar que no soy maricón».
Por último, en el centro penitenciario de Picassent, una interna agarró deliberadamente y de forma inequívoca los pechos de una funcionaria. Estos cuatro hechos, de extrema gravedad por sí solos, suponen agresiones contra la libertad sexual de las trabajadoras en distintos grados, y exigen una respuesta clara y contundente por parte de la administración penitenciaria, según ACAIP-UGT.
Sin embargo, en casos como los ocurridos en Villena y Valencia, no solo no se han tomado medidas firmes, sino que los agresores ni siquiera han sido trasladados a otras prisiones, lo que puede suponer que la víctima tenga que trabajar en contacto directo con su agresor.
ACAIP-UGT expresa una profunda preocupación por la creciente violencia sexual hacia las funcionarias penitenciarias, quienes se enfrentan a una doble amenaza: las agresiones físicas, cuyo récord fue tristemente superado el año pasado, y la violencia sexual, tanto verbal como física.
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Ante esta realidad, el sindicato solicitó a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias información detallada sobre las denuncias de acoso, agresión o amenazas por razón de sexo sufridas por funcionariasa manos de internos, así como el resultado de dichas denuncias en el período 2021-2023.
La respuesta del director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente, fue desalentadora: «No existe posibilidad de hacer la explotación estadística solicitada». Respondió con esta frase a pesar de que la resolución de 26 de mayo de 2021, que creó el Departamento de Igualdad en Instituciones Penitenciarias, obliga a recopilar información desagregada por sexo para promover la igualdad y prevenir conductas de acoso sexual y por razón de sexo.
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