El desfibrilador de la Ciudad de la Justicia carecía de mantenimiento pese a los avisos

La muerte de un hombre en la Ciudad de la Justicia poco después de que resultara imposible utilizar el desfibrilador ha activado una investigación, tanto judicial como administrativa, que pretende esclarecer lo sucedido. Y aunque por el momento no se puede achacar este fallecimiento a que el dispositivo estuviese inutilizado , como apuntan desde la Conselleria de Justicia, el suceso ha destapado la falta de mantenimiento del aparato.

El desfibrilador, según informaron ayer fuentes oficiales del departamento, carecía de contrato de mantenimiento desde noviembre de 2016, momento en el que se sometió a la última inspección y en la que, al parecer, se colocaron unas pilas inadecuadas, de una marca no recomendada por el fabricante. Dos años después, en mayo de 2018, el por entonces gerente de la Ciudad de la Justicia, Miguel Furió, alertó por correo electrónico a la dirección general de Justicia de esta carencia, pero este aviso no fue tenido en cuenta, y el nuevo contrato general de seguridad y mantenimiento de las instalaciones judiciales, suscrito en enero de 2019, tampoco incluyó el mantenimiento de los desfibriladores ubicados en las sedes judiciales, lo que ha originado «sorpresa» a los máximos responsables de la conselleria: «hay que evaluar quién no hizo caso». Ante esta situación, en el departamento autonómico están ya analizando las «disfunciones» de las distintas áreas que pudieron generar esta situación, y apuntan que si la anterior directora general de Justicia, Verónica López, estuviese en el cargo, sería cesada como responsable del departamento.

Esta falta de mantenimiento del dispositivo -los electrodos pediátricos también estaban caducados- y la mala elección de las pilas propició que el dispositivo no funcionara cuando los forenses que atendían al hombre trataron de utilizarlo. Sin embargo, desde Justicia subrayan que el fallecido recibió toda la atención médica necesaria, puesto que desde el primer minuto fue atendido por un médico que había ido a declarar en un caso de otro juzgado. También es cierto que si el suceso no hubiese destapado esta deficiencia, casi con total seguridad el aparato seguiría sin funcionar.

Para corregir la situación, Justicia ya ha suscrito un contrato menor para la adquisición de varios desfibriladores más, tres para Valencia y otro para Alicante, que se suman a los existentes, así como para el mantenimiento de todos ellos, con lo que quedaría resuelto el problema. Estos dispositivos se han instalado ya o se está ultimando su puesta en marcha.

Pese a las admitidas carencias, desde Justicia insistieron en que «con los datos objetivos, no hay nada que permita afirmar que la Administración es responsable del fallecimiento», puesto que «nada indica que el fallo del desfibrilador sea la causa, por lo que no es permisible sembrar la duda de que murió porque no funcionaba». Sin embargo, y cuando haya concluido la investigación, «en el supuesto de que se establezca alguna relación, se asumirían las consecuencias. Vamos a analizar qué ha pasado porque puede haber responsabilidades políticas».

Por su parte, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, solicitó ayer la dimisión de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, por «su falta de gestión» en el departamento.