La Guardia Civil de Sagunto desmantela una red que estafó un millón de euros con créditos fraudulentos

Otro duro golpe a la delincuencia organizada. La Guardia Civil de Sagunto, en el marco de la operación 'Ponos', ha detenido a 13 personas por la comisión de un total de 629 hechos delictivos, al menos, con 209 víctimas repartidas por todo el territorio nacional. Todos los individuos arrestados son presuntos miembros de una red que estafó un millón de euros con préstamos fraudulentos.

La investigación policial se inició tras la el volumen de denuncias por estafa detectadas en las que los autores de los delitos utilizaban el mismo método. Tras obtener una fotografía del DNI de sus víctimas, los delincuentes suplantaban la identidad de estas personas y adquirían productos a través de internet, financiándolos a nombre de las víctimas.

Posteriormente, cuando recibían los aparatos electrónicos y otros productos, los revendían a través de aplicaciones y páginas de compraventa de artículos de segunda mano, en concreto en la plataforma de compraventa Wallapop.

Ante la similitud de los hechos delictivos, los agentes de la Guardia Civil de Sagunto iniciaron las diligencias de investigación y pudieron comprobar que los autores falsificaban nóminas y otros documentos que también se exigen para abrir cuentas bancarias y contratar líneas telefónicas.

Con ello, los delincuentes cibernéticos lograron crear un entramado criminal que afectó, al menos, a 209 víctimas a las que creaban deudas con diversas entidades de crédito y proveedores de telefonía. Según las investigaciones de la Guardia Civil de Sagunto, la red desarticulada llegó a obtener más de un millón de euros con esta modalidad delictiva.

La Tesorería de la Seguridad Social examinó todas las nóminas y datos personales aportadas por los agentes de la Guardia Civil. Gracias a este primer estudio, esta administración utilizó los mismos parámetros y logró identificar a un número superior de afectados de los que existían en un principio.

Tras las oportunas averiguaciones, los investigadores comprobaron que el número total de víctimas asciende a 209. Los afectados residen en todo el territorio nacional, en 24 provincias españolas incluidas las islas.

La Guardia Civil y la Tesorería de la Seguridad Social diseñaron un dispositivo conjunto que permitió esclarecer la identidad de los componentes del grupo criminal y su operativa. Así se pudo verificar que el grupo tenía células operativas regionales en otros lugares de España como Huelva, Valencia, Tarragona y Barcelona.

Estos grupos infiltraron a su personal en puestos de trabajo estratégicos con los que obtener la documentación necesaria de sus víctimas para perpetrar los delitos, según averiguó la Guardia Civil durante las investigaciones.

Para la explotación de la operación se realizaron un total de siete registros en domicilios y uno en un establecimiento en las localidades valencianas de Xàtiva, Benetússer, Quart de Poblet, y Valencia ciudad, y en dos municipios de Barcelona: Hospitalet de Llobregat, Sant Pere de la Molanta

Casi un centenar de agentes de la Guardia Civil fueron movilizados para efectuar estos registros. En ellos se pudo aprehender diversa documentación que acreditaba la comisión de los delitos investigados, además de los bienes que adquirían con los créditos que pedían a nombre de las víctimas y que todavía no habían vendido.

Durante los registros también se incautaron 10 kilogramos de marihuana, varias dosis de cocaína y básculas de precisión. Gracias a estos registros, también se pudo averiguar que los máximos responsables de las distintas células regionales tenían cabecillas que se coordinaban para cometer los delitos traspasando las Comunidades Autónomas para tratar de dificultar la labor policial.

Los componentes de la organización criminal cambiaban constantemente de vivienda, enviaban dinero al extranjero y emplearon más de 700 líneas telefónicas diferentes para comunicarse y cometer los delitos.

Sobre uno de los máximos responsables de la organización pesaban 23 requisitorias judiciales de varios juzgados de toda España. Otro de ellos, que falsificaba también recetas médicas para obtener medicamentos sujetos a prescripción médica, trató de huir, escondiéndose en un centro social ocupado ilegalmente. Fue detenido cuando se encontraba en un vehículo que fue sustraído en 2022 y que pudo recuperarse.

En total han sido detenidas a 13 personas, de entre 19 y 59 años, por la comisión de 629 hechos delictivos, entre los que figuran estafa, falsedad documental, usurpación de identidad, revelación de secretos, apropiación indebida, contra la salud pública (tráfico de drogas) y pertenencia a grupo criminal.

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