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Lázaro, el personaje bíblico, es utilizado frecuentemente como sinónimo de resurrección en textos religiosos, y la doctora Almudena Ramón y su marido lo usaban como símbolo de la esperanza para las personas parapléjicas que acudían al Centro de Innovación Médica en Regeneración Celular, la clínica privada que dirigía la pareja detenida por una estafa masiva a lesionados medulares.
«Me dijeron que mi hijo no iría más en silla de ruedas si recibía el tratamiento, y que podría jugar al fútbol como los niños de su edad», afirmó Raquel S., una de las personas estafadas, presuntamente, por la prestigiosa científica y su esposo. «Me cobraron 6.000 euros por adelantado para hacerle las pruebas y tuve que pedir dinero a través de una página de Facebook para reunir esa cantidad», explicó la mujer.
«Me machacaron psicológicamente tras hacerme creer que mi hijo se levantaría de la silla de ruedas, y cada cierto tiempo me pedían una provisión de fondos para realizarle veinticinco pruebas solo para ver si mi hijo era apto para el maravilloso tratamiento», añadió Raquel, que empezó a sospechar que era víctima de una estafa «por la forma tan insistente que tenían de pedir dinero» a los pacientes.
«Las pruebas me dijeron que tardarían un mes y medio, y estuve más de un año esperando los resultados y rezando todos los días para saber si mi hijo era apto o no para la terapia, y ellos no me contestaban», manifestó con indignación. Antes de que la Guardia Civil tomarla declaración a la madre del niño, ella ya había investigado por su cuenta, porque le parecía «todo muy raro», señaló. Tras pagar 30.000 euros a la doctora detenida y comprobar que su hijo no ganaba movilidad, Raquel sufrió una depresión e intentó suicidarse en Valencia.
«Destrozaron mi vida porque me dieron falsas esperanzas de que lograría el gran sueño de mi vida: ver caminar a mi hijo. Tenía una venda en los ojos y se aprovecharon de que confiaba plenamente en ellos. Incluso querían que fuese la imagen de su centro para pedir dinero a famosos y fundaciones», aseguró con enojo. El tratamiento se realizaba en cuatro fases y comenzaba con el pago de 4.000 euros para luego abonar 50.000 euros más en algunos casos.
Sobre la relación entre Enrique Ponce y la presunta estafadora, Raquel matizó que el torero desconocía la supuesta actividad ilícita de Almudena Ramón. «Ponce es otra víctima. Yo le pedí ayuda porque es una persona muy generosa y solidaria. Estaba desesperada y viajé de Alemania a España cuando Ponce y Paloma me dijeron que me pondrían en contacto con la doctora, pero ellos creían igual que yo en el tratamiento», afirmó la mujer.
También confió en esta terapia el tetrapléjico Miguel Ángel Pérez, que sufrió una grave lesión medular al golpearse en la cabeza cuando se tiró a una piscina. Los médicos le dijeron que nunca volvería a recuperar la movilidad, pero el tratamiento de Almudena Ramón hizo que Pérez recuperara un poco de movilidad en cadera, muslos y un dedo de un pie. Tres meses después, el tetrapléjico falleció como consecuencia de un infarto. «A mi hermano lo utilizaron para que firmara las cuentas de la fundación y para recaudar dinero, pero él no se llevó ni un duro», aseveró Mari Carmen.
Tras la detención de la investigadora y su marido por estafar más de un millón de euros, presuntamente, a cerca de 200 personas con falsos tratamientos para curar lesiones medulares, la Asociación Proyecto Lázarus aseguró que no mantiene «ninguna relación» en la actualidad con la prestigiosa científica que logró la recuperación de la movilidad en ratones parapléjicos.
Esta entidad contactó en 2011 con la Fundación Investigación en Regeneración del Sistema Nervioso para conocer los ensayos que estaba llevando a cabo Almudena Ramón y, tras una breve etapa de colaboración, la asociación se desmarcó de la científica y de sus terapias.
Tanto Almudena Ramón como su marido se acogieron a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil y tampoco lo hicieron en el juzgado de guardia. Como ya informó ayer LAS PROVINCIAS, la pareja fue detenida el pasado 15 de mayo tras una ardua investigación del Grupo de Delitos Económicos de la Guardia Civil de Valencia.
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