La empresa de aceitunas inspeccionada por la Guardia Civil afirma que las 15 toneladas inmovilizadas son aptas para el consumo

La empresa inspeccionada por la Guardia Civil en Carcaixent tras la denuncia de un extrabajador, por un posible delito contra la salud pública, afirma en un comunicado que sus instalaciones cumplen «todos los requisitos y estándares de calidad para seguir envasando y comercializando sus productos».

Según Olives Corbí, las autoridades sanitarias determinaron el 30 de abril la no comercialización y retirada voluntaria por parte de la empresa de lotes de tres productos, con un peso total de 15.000 kilogramos, debido a errores en los etiquetados.

El día 3 de mayo, los inspectores de Alzira inspeccionaron la empresa y sus procesos productivos con el fin de no interferir en su actividad comercial, y constataron que todos sus productos «cumplen los estándares de calidad».

El comunicado afirma que Sanidad decidió una retirada voluntaria, coordinada por la empresa, y la devolución de determinados lotes a las instalaciones «sin tener analíticas recientes y aún sabiendo que por su estado de conservación con agua y sal no deberían de ocasionar ningún problema».

La empresa decidió entonces analizar sus materias primas y productos bloqueados, con el fin de demostrar a Sanidad que eran aptos para su consumo, y los análisis fueron remitidos a las administraciones competentes.

Con respecto a la denuncia, el comunicado afirma que fue presentada por un trabajador que fue despedido de forma procedente meses antes. La empresa ha iniciado acciones judiciales contra esta persona «por supuestas amenazas con fines económicos» tras contrastar información con otras empresas.

El denunciante fue empleado y despedido en los últimos años varias veces «con litigios en los que solicita grandes cantidades económicas tras obtener documentación interna de las empresas en las que trabaja», según el comunicado.

Por su parte, el extrabajador declaró ante la Guardia Civil que lo despidieron «por no querer firmar los documentos de conformidad de los productos para pasar la certificación sanitaria». Su negativa se debió a que detectó, presuntamente, «productos caducados en mal estado en las latas, y sustancias químicas no permitidos por Sanidad», según la misma fuente. También acusa al empresario de intentar obligarle «a firmar reconocimientos médicos de empleados que no asistían a la empresa».

La Guardia Civil informó el jueves de la detención del gerente de la empresa tras ser investigado por un delito contra la salud pública y otro relativo al mercado y a los consumidores.

Según la Guardia Civil, la empresa mezclaba entre un 5% y un 10% de producto no apto para el consumo humano con otros autorizados. Olives Corbí distribuía las aceitunas y encurtidos para su comercio en el mercado mayorista, restauración, tiendas y grandes superficies tanto del mercado nacional (Cataluña, Comunitat Valenciana, Cantabria, Comunidad de Madrid, Andalucía, Islas Baleares, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha) como de terceros países y algún otro de la Unión Europea.

Tras la inspección de la Guardia Civil, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomendó no consumir tres productos afectados de la marca valenciana: el coctel de aceitunas, piparras dulces en aceite de oliva y aceitunas partidas Jaén.

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