El empresario investigado por la muerte de un trabajador sin contrato, detenido por homicidio imprudente

La muerte de Luis Víctor Gualotuña tendrá sus consecuencia penales. La Guardia Civil de Moncada arrestó ayer al empresario Miguel P. C., jefe del trabajador sin contrato que falleció tras caer de un andamio en Alboraia, por los delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores.

El detenido se enfrenta a un proceso penal por no llamar al 112 cuando fue informado del grave accidente laboral y retrasar la asistencia médica que podría haber salvado la vida de la víctima. Gualotuña, de 55 años, falleció nada más ingresar en el Servicio de Urgencias del Hospital Clínico, pese a los esfuerzos médicos para intentar reanimarlo, después de que su jefe y otro hombre lo trasladaran en una furgoneta al centro hospitalario y se marcharan sin facilitar sus datos.

El accidente tuvo lugar el pasado 12 de febrero cuando el trabajador ecuatoriano sufrió una caída desde el andamio que estaba desmontando en un edificio de tres plantas en la calle Tavernes Blanques de la localidad de Alboraia. Tras escuchar un fuerte golpe, un compañero acudió en auxilio de la víctima y llamó por teléfono al responsable de la obra y propietario de una empresa de reformas, Miguel P. C., quien decidió no avisar al 112 y trasladó al herido al Clínico.

Según informaron fuentes jurídicas, el empresario fue detenido ayer por la mañana como presunto autor de los delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores. Antes de arrestarlo, la Guardia Civil de Moncada tomó declaración a los compañeros de la víctima para reconstruir los hechos. El trabajador se precipitó desde una altura de seis metros y no llevaba puesto el arnés de seguridad. Según la autopsia, Gualotuña murió al perforarle el pulmón una de sus costillas fracturadas.

Cuando su jefe lo dejó en la puerta del Hospital Clínico, el albañil estaba ya moribundo debido a las graves lesiones que sufrió en la caída. El empresario afirmó a LAS PROVINCIAS que el trabajador «roncaba como si estuviera dormido», pero eran resuellos por la perforación del pulmón. Respecto a su comportamiento irresponsable por no haber llamado al 112, Miguel P. aseguró que no creía que el accidente fuera tan grave.

Sin embargo, otro trabajador explicó a la familia de la víctima que no pidió una ambulancia, porque su jefe le dijo por teléfono que metiera al herido dentro del edificio que estaban rehabilitando y que esperase su llegada. El motivo, al parecer, estaría relacionado con el hecho constatado de que Gualotuña no tenía contrato de trabajo.

El albañil estaba inconsciente cuando su jefe y un amigo lo introdujeron en una furgoneta y, tras recostarlo entre los dos en los asientos delanteros, lo llevaron al hospital. «La furgoneta estaba cargada de escombros y por eso no lo metimos detrás», señaló el empresario a LAS PROVINCIAS, antes de ser detenido, para justificar su imprudente acción, ya que la víctima tenía graves fracturas y no debían de haberla movido.

Según el testimonio de los trabajadores que estaban en la obra, Gualotuña quedó inconsciente por la caída del andamio y transcurrieron entre 45 minutos y una hora hasta que recibió asistencia médica. Como el trabajador herido no fue trasladado en una ambulancia y el empresario no llamó al 112, la familia de la víctima ya ha contactado con un abogado penalista para personarse como acusación particular en la causa.

Las hijas de Gualotuña creen que su padre podría estar vivo si hubiera recibido asistencia médica de forma urgente, una opinión que comparten los investigadores de la Guardia Civil y los médicos, por lo que Miguel P. está acusado de un delito de homicidio imprudente. El magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Moncada decretó la libertad provisional del empresario, que se acogió a su derecho a no declarar, aunque deberá comparecer en el juzgado todas las veces que sea citado.