La envenenadora de Paterna declara que su novio murió por la infección de una vía en el hospital

La acusada de matar con laxantes a su pareja en Paterna ha negado este lunes ante el tribunal del jurado que la juzga ser la autora del crimen. Durante más de una hora ha querido demostrar que su relación era muy sana. A pesar de defender que no tenía nada que ocultar se ha ceñido a contestar a las preguntas de su abogada, Su declaración se ha basado en dos premisas: que su novio pereció como consecuencia de una sepsis (infección) por la aguja de una vía en el hospital; y que los laxantes con los que supuestamente lo envenenó durante meses eran en realidad para ella.

Mari Carmen B. G., de 58 años de edad y vecina de Paterna, se enfrenta a una condena de 31 años de prisión, la pena que solicita la acusación particular por los delitos de asesinato y estafa. La Fiscalía la deja en 28 años. Su tono de voz, tenue, no se ha perturbado en ningún momento. Tampoco ha derramado ni una lágrima al hablar de los últimos momentos de vida de su novio. Según ella, le pidió matrimonio cuando estaba convaleciente.

La acusada ha defendido que mantenía una relación prácticamente ideal con la víctima. Según ella, Salvador no seguía las normas que le pautaban los médicos del Hospital IMED. En lugar de comer la comida que le ofrecían en el centro, se bajaba a los bares del recinto. «Era imposible llevarle la contraria», ha asegurado Mari Carmen. Incluso ha querido mostrar una faceta tierna. «Yo era la que mediaba para que recibiera a su hija Julia en el hospital aunque él no quería», ha sostenido.

Una de las bazas de su defensa ha sido que no «le convenía» que él falleciera. «En el testamento le había dejado todo a sus nietos con una albacea para que pudieran acceder al dinero una vez cumplieran los 25 años. Desheredó a sus hijos. Yo no ganaba nada», ha expuesto ante el tribunal.

De hecho, ha querido justificar que se atuviera a su derecho a no declarar en la fase de instrucción «por la persecución de la prensa». Tratando de mostrarse como una víctima que había sido «condenada de antemano de manera injusta».

Un tribunal popular, formado por tres mujeres y ocho hombres, ha comenzado a juzgar este lunes a la presunta homicida en la Ciudad de la Justicia de Valencia. La víctima, Salvador V. C., que tenía 70 años cuando falleció, padecía enfermedades coronarias y había sufrido varios infartos cerebrales, por lo que era una persona especialmente vulnerable.

En su alegato inicial, el fiscal ha señalado que Salvador murió por un fallo multiorgánico causado por un shock séptico por las complicaciones de la diarrea causada por los laxantes. En el hospital hicieron todo tipo de pruebas para encontrar la causa de la diarrea pero no encontraron el motivo. «La acusada tuvo suerte porque este tipo de medicamentos se absorben rápido del cuerpo», asegura la Fiscalía.

Es más, la acusación particular ha señalado: «No era la primera vez que lo hacía. Con una anterior pareja hizo lo mismo. Y después de fallecer (Salvador) lo hizo con una tercera persona. Es una completa depredadora».

En su declaración, la mujer ha alegado que era consumidora habitual de laxantes por un trastorno alimentario. Según su declaración, cuando se encontraba nerviosa se pegaba atracones de comida y empleaba los medicamentos para no ganar peso. «Cada vez necesitaba tomar dosis más altas», ha expuesto. «Una empleada de la farmacia me dijo que no era bueno el consumo masivo de laxantes y firme un papel como que me había avisado», ha asegurado. Las acusaciones sostienen que los medicamentos eran para acabar con la vida de su novio.

Sus argumentos han quedado en entredicho con la declaración de los primeros policías que han acudido a testificar. Intervinieron el teléfono de la acusada y se percataron de que tenía las cuentas bancarias bloqueadas. Esta es la razón por la que no podía disponer de los 800.000 euros que le habían tocado en la bonoloto. También ha argumentado que era Salvador el que le solicitaba que retirara tanta cantidad de dinero para pagar en metálico a la mujer que trabajaba interna en la casa, al jardinero y a la encargada de pasear a los perros. «Él insistía en que me comprara caprichos. Todos los movimientos bancarios los hice con su consentimiento», ha mantenido.

Tras iniciar una relación sentimental con Salvador en 2019, la acusada comenzó «un proceso de alienación», cuya finalidad era separar a Salvador de su familia, según la acusación particular. En marzo de 2020, coincidiendo con el confinamiento por la pandemia, Mari Carmen se quedó a vivir en Paterna en el domicilio de la víctima, que hasta ese momento convivía con su hija y su nieta.

El proceso de enajenación se agudizó durante este período, provocando que sus familiares abandonaran la casa en el mes de agosto, y a partir de ese momento y una vez estaba sola en la vivienda con la víctima, empezó a acopiar productos laxantes (Evacuol, Dulcolaxo y Seguril), que administró a Salvador, tal y como había hecho con otra pareja anterior, sin que su compañero sentimental se diera cuenta.

El 14 de septiembre de 2020, la víctima ingresó en el Hospital IMED en Burjassot con un cuadro diarreico que duró siete meses, y los médicos «no supieron encontrar la causa», según el escrito de acusación. El hombre solo experimentó una mejoría durante los cuatro días que estuvo en la unidad de cuidados intensivos, el único lugar donde su pareja no podía darle los laxantes.

Durante el tiempo que su pareja estuvo hospitalizado hasta que murió el 16 de abril de 2021, la encausada siguió comprando en varias farmacias gran cantidad de productos laxantes, que no precisaban receta médica para su dispensación, con la adquisición acreditada de más de 2.000 comprimidos.

Mientras la víctima sufría «una grave deshidratación y desbalance hidroeléctrico», Mari Carmen utilizó el teléfono móvil y las tarjetas bancarias de su compañero sentimental, y logró que todas las comunicaciones con el mismo se filtraran a través de ella al ser la única acompañante del paciente en el hospital.

Cuando los hijos de Salvador intentaban comunicar con los médicos del Hospital IMED, la presunta homicida consiguió que la nombraran la única persona autorizada para recibir información sobre su estado de salud.

Según la acusación particular y el fiscal, Mari Carmen era consciente de los graves efectos de los laxantes en la salud de su pareja y le siguió administrando los fármacos hasta provocar su muerte. Mientras Salvador estaba hospitalizado, la acusada realizó extracciones en cajeros por un importe de 88.110 euros sin el consentimiento de la víctima.

También suplantó la identidad de su novio para solicitar dos préstamos de 9.900 euros y 3.300 euros, cantidades de dinero de las que se apropió, y falsificó la firma de la víctima para realizar compras por un importe de 2.758 euros.

Las acusaciones atribuyen a Mari Carmen un delito de asesinato con la agravante de parentesco y otro continuado de estafa. La Fiscalía pide 28 años de cárcel para la presunta homicida (23 años por el primer delito y los otros cinco por el segundo), mientras que la acusación particular solicita 31 años de prisión (25 años por el asesinato y seis más por el delito continuado de estafa).

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