La red de esclavos de la marihuana, ante penas de 47 años de prisión

La investigación comenzó en abril de 2018 cuando la Guardia Civil determinó que los procesados, arrestados un año después, tenían plantaciones de marihuana en tres puntos: Sollana y Alcàsser, en la provincia de Valencia, y Cabanes, en la de Castellón.

Siempre según la acusación, para el mantenimiento de los cultivos, los encausados explotaban laboralmente a ciudadanos vietnamitas con conocimientos en jardinería a los que obligaban a vivir en el interior de las naves y a los que les quitaban el pasaporte y el teléfono.

Las víctimas, sin conocimiento del idioma y con gran necesidad económica, estaban atemorizadas por las posibles represalias que los encausados podían tomar respecto de su familia en su país.

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El sexto procesado, de nacionalidad española y dueño de una tienda de jardinería en Alfafar era, según la Fiscalía, el encargado de montar las instalaciones y proporcionar los productos necesarios para los cultivos. La droga incautada entre las tres naves tenía un valor de cerca del millón de euros.

La Fiscalía de Valencia solicita para los acusados penas que oscilan entre los 47 años y medio y los cuatro años y cinco meses de cárcel. Les imputan siete delitos de trata de seres humanos, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito contra la salud pública y otro delito de defraudación del fluido eléctrico.

El juicio estaba señalado este lunes 21 de marzo en la sección tercera de la Audiencia de Valencia. Las partes iban a explorar la posibilidad de un acuerdo a cambio de rebajas penales, la vía judicial de la conformidad. Pero finalmente, y tras una corta vista, los abogados no han llegado a tal acuerdo, de modo que el juicio ha quedado aplazado hasta los próximos 6, 7 y 8 de julio, según ha informado a este diario una de las letradas.