Una red estafa ocho millones de euros a empresas públicas y particulares

La Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra han desmantelado una organización delictiva que estafó más de ocho millones de euros a 70 entidades públicas y cientos de particulares en España tras suplantar a empresas proveedoras y páginas web de alquileres de viviendas. La operación se ha saldado con 33 detenidos, diez de ellos en la Comunitat Valenciana, tras una investigación conjunta con la Policía de Rumanía, Europol y Eurojust, un órgano de cooperación judicial entre los estados miembros de la Unión Europea.

El grupo delictivo era dirigido por un delincuente rumano desde su domicilio en la ciudad de Valencia, donde el jefe de la organización tenía un taller de falsificación de documentos. La red estafó a hospitales, ayuntamientos, consorcios y otras entidades públicas después de realizar un minucioso estudio de los contratos que tenían con proveedores. Tras suplantar la identidad de una de estas empresas con algún cobro pendiente, los delincuentes comunicaban que habían cambiado su número de cuenta y remitían a la entidad pública los documentos bancarios falsificados para que ingresaran el dinero.

También estafaban a particulares a través de internet mediante 'phishing' bancario, compraventa 'online' y alquileres de viviendas. Cuando una persona interesada en alguna oferta contactaba con la página web falsificada por la organización, y con el pretexto de realizar la transacción de forma segura, facilitaban a las víctimas un número de cuenta donde realizar el ingreso referente a una mensualidad o la fianza. Poco después sacaban el dinero y cortaban todo tipo de comunicación con los estafados.

La mayoría de los detenidos ingresaron en prisión por orden judicial tras ser acusados de pertenencia a una red que cometía estafas masivas a administraciones públicas y particulares. Además, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha emitido 11 órdenes europeas de detención y extradición de miembros del grupo desarticulado, y ordenó el bloqueo y control de más de 100 cuentas bancarias abiertas en España con identidades falsificadas.

Dirigida desde Valencia y Rumanía, la organización operaba mediante células operativas repartidas por toda Europa. Según la policía, la red se había convertido en una «multinacional del fraude» y con su estructura se aseguraba la continuidad de la actividad delictiva si alguno de estos grupos era detenido. El responsable del entramado en España, que residía en un piso de Valencia, supervisaba las estafas que cometían las diferentes células de la organización en varias provincias españolas y controlaba también el dinero obtenido para luego asegurar su reparto.

El pasado 23 de abril, la policía desmanteló un sofisticado taller de falsificación de documentos en el piso de Valencia donde residía el cabecilla de la organización. En esta vivienda se falsificaban los contratos y las cartas de identidad que utilizaban los delincuentes para abrir cuentas en bancos y apoderarse del dinero estafado. Los 19 detenidos en la última fase de la operación se suman a otros 14 arrestados en fechas anteriores. La policía practicó también cinco detenciones en Rumanía y otra en Alemania.

El Grupo de Fraude Financiero de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha logrado desarticular todo el entramado que la red había montado en España, donde abrieron cerca de 700 cuentas bancarias y crearon empresas sin ningún tipo de actividad para ponerlas a nombre de testaferros y blanquear el dinero de las estafas. Los fondos obtenidos de forma fraudulenta eran transferidos a Alemania, República Checa, Rumanía, Hungría, Italia y Polonia, y en otros casos el dinero era retirado en efectivo en cajeros automáticos en España. Entre los detenidos hay varios testaferros, todos ellos de españoles.