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La acusación particular que ejercen las familias de Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas reclaman tres condenas de prisión permanente revisable para el hombre condenado por los asesinatos de estas dos jóvenes y Marta Calvo. El abogado Juan Carlos Navarro, que representa a las familias de las dos víctimas, ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana al considerar que la sentencia aplica de forma indebida el artículo del Código Penal que regula la máxima pena privativa de libertad que existe en España.
«Entendemos que no es necesaria una o unas condenas previas o anteriores al juicio actual para poder aplicar la pena de prisión permanente revisable», afirma el escrito tras aseverar que la doctrina jurisprudencial «nos advierte de la deficiencia redacción del artículo 140 del Código Penal».
El abogado de la acusación particular argumenta su recurso en la sentencia del triple crimen de Dos Hermanas. La resolución del Tribunal Supremo «es clara y define la controversia planteada por la magistrada, que por su contenido ha de ser transcrita al contestar a todos los planteamientos que se están debatiendo, reconociendo la aplicación del artículo 140.2 del Código Penal en el caso de tres asesinatos enjuiciados conjuntamente».
El Alto Tribunal confirmó la pena de prisión permanente revisable para los autores del triple asesinato: Ricardo García Hernández, el 'Pollino', y su padre, Ricardo García Gutiérrez, alias el 'Cabo'. Según Navarro, esta sentencia dictada en 2022 zanja la polémica sobre la interpretación gramatical del artículo que regula la prisión permanente revisable, ya que los dos procesados fueron condenados a la máxima pena privativa de libertad por tres crímenes consecutivos.
«El verbo utilizado por el legislador hace referencia a una codena anterior al actual, llegando a interpretar que incluso al reo de asesinato actual se le podría condenar a la pena de prisión permanente revisable, aunque en las anteriores muertes lo hubieran sido por imprudencia, ya que a su juicio, el artículo no distingue tipos de muerte, equiparando dolo con imprudencia», afirma el recurso.
Sin embargo, la voluntad del legislador «es otra al residenciar supuestos hipercualificados», asevera el letrado Juan Carlos Navarro. La redacción deficiente del articulo «no distingue entre concurso real o medial para aplicar la pena, y únicamente exige que el asesinato fuere subsiguiente a un delito contra la libertad sexual cometido a la victima», señala el escrito.
«De todos aquellos asesinatos cualificados por haber servido como instrumento para facilitar u ocultar un delito precedente, el legislador ha estimado que si el delito inicial es un delito contra la libertad sexual, la respuesta penal sea la más severa», añade el recurso.
Navarro considera que habrá de interpretarse el término «subsiguiente, aunque la voluntad del Tribunal del Jurado, y así lo recoge la magistrada presidenta en los hechos probados, reconoce que se han cometido los delitos contra la indemnidad sexual y los delitos de asesinato respecto de las víctimas fallecidas: Marta Calvo, Arliene Ramos y Marta Calvo».
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