Familiares de las víctimas del incendio de Campanar piden una reconstrucción de los hechos

El abogado Ignacio Grau, que representa a las familias de las cinco víctimas, ha solicitado la reconstrucción de los hechos para conocer «la secuencia temporal de los mismos, momento y lugar de inicio, duración, forma y dirección del fuego, lugar exacto donde estaban los vecinos que salieron del edificio y hora aproximada en que salieron del edificio».

El letrado también ha pedido información sobre «la situación en el edificio de los heridos y fallecidos» con el objeto de saber si estos «tuvieron oportunidad temporal y espacial de salir ilesos». Como ya informó, LAS PROVINCIAS, los familiares de las víctimas pidieron al juez que cite a declarar, en calidad de testigo, al mando del Servicio Municipal de Bomberos que actuó como jefe en la extinción del incendio y la evacuación de las personas atrapadas por las llamas.

Con carácter previo a esta declaración, el letrado Ignacio Grau ha solicitado también que el jefe de los bomberos remita al juzgado el protocolo escrito de salvamento. Los familiares que se han personado en la causa quieren conocer «qué instrucciones recibieron las víctimas en relación a su comportamiento para la evacuación».

Y por este motivo, como ya informó LAS PROVINCIAS, han pedido al juez que reclame y escuche las grabaciones de todas las llamadas de ciudadanos recibidas el 22 de febrero en el 112 y 091, «las realizadas entre los propios policías y bomberos, y entre estos y las víctimas atrapadas en el incendio», afirma el recurso presentado por Grau.

Algunas de las personas fallecidas estuvieron hablando por teléfono hasta el último momento con sus familiares, que les pidieron que intentaran bajar a la calle. Fueron momentos de pánico por el riesgo que suponía el avance del fuego, y las víctimas dudaron en seguir las recomendaciones de los bomberos o hacer caso a sus familiares.

Según el escrito remitido al juez, el Servicio de Bomberos «aplicó un protocolo que no resultaba de aplicación ante lo evidente, más aún, conociendo como debían conocer el lamentable episodio de Londres (Torre Grenfell)».

El sobreseimiento provisional de la causa, apenas dos semanas después del trágico suceso, ha contrariado a los familiares de las víctimas mortales y a los afectados que perdieron sus casas. Estos últimos piden que se investigue un presunto delito de daños por imprudencia grave respecto a las posibles negligencias que habrían cometido los agentes de la edificación.

Los damnificados consideran que los materiales de la fachada favorecieron la propagación de las llamas, y por ello solicitan un atestado policial completo «sobre los materiales empleados en la construcción, y si estos fueron concausa eficiente para la propagación del fuego, identificando a la empresa que suministró dichos materiales y la constructora de los edificios dañados».

También piden un informe sobre «el mantenimiento del sistema eléctrico de los edificios y viviendas, pues constan quejas de vecinos sobre el particular, y si pudieran guardar relación con el origen del incendio».

Los familiares de las víctimas consideran que el sobreseimiento «es claramente prematuro y no se comprende a raíz de lo manifestado por la propia Policía Científica en su oficio al afirmar que continúa dicha investigación su curso con el fin de desvelar el origen y causas del incendio».

Por ello, piden a la Audiencia Provincial de Valencia que acuerde la revocación del sobreseimiento, la tramitación preferente de la causa para evitar dilaciones y la práctica de nuevas diligencias de investigación.

Aunque la Policía ha descartado «una etiología criminal», el recurso de los familiares de las víctimas argumenta que debería investigarse una posible «etiología imprudente» de la persona propietaria o inquilina de la vivienda 86; «de los fabricantes de los electrodomésticos o empresas de mantenimiento o instaladoras que pudieran dar lugar al incendio en dicha vivienda; o del servicio de bomberos» por el protocolo de salvamento que aplicó.

Y recuerda que la sentencia del Tribunal Supremo del caso Madrid Arena condena a uno de los médicos por no prestar la atención adecuada a una de las víctimas tras la avalancha humana y que falleció tras la negligente actuación, por lo que el abogado penalista entiende que existen «otros delitos imprudentes que pueden actuar como concausas diferentes al origen de las lesiones o muertes».

El incendio tuvo lugar el 22 de febrero en un complejo de dos edificios en la confluencia de las calles Poeta Rafael Alberti y las avenidas Maestro Rodrigo y General Avilés, en el distrito de Campanar en Valencia. El fuego se inició sobre las 17.30 horas en la vivienda número 86 por un fallo eléctrico en una nevera, según las primeras investigaciones.

Tras la rápida propagación de las llamas por la fachada ventilada, diez personas fallecieron y otras 15 resultaron heridas, entre ellas siete bomberos. El voraz incendio destruyó en pocas horas dos bloques de 10 y 14 plantas con 138 viviendas en las que vivían 450 personas.